La ministra de Ambiente y Energía, Inés Manzano, reveló un esquema de corrupción que operó durante once años dentro de la Corporación Nacional de Electricidad (CNEL-EP), generando un perjuicio al Estado de al menos $300 millones. La denuncia se realizó a través de un video publicado en las redes sociales de la cartera de Estado, la noche del martes 28 de abril de 2026, tras allanamientos realizados en oficinas del CNEL en Guayas, Azuay y Santa Elena, en una intervención conjunta del Ejecutivo, la Policía Nacional y la Fiscalía.
Según la explicación de la ministra Manzano, la red funcionaba a través de dos mecanismos principales. El primero involucraba a un contratista que, tras el registro normal del consumo de energía eléctrica de un usuario, ingresaba la lectura al sistema. Posteriormente, funcionarios del CNEL intervenían este dato, reduciendo la lectura real del consumo y alterando los registros para generar una nueva factura con valores de hasta un 80% menores, sin ningún tipo de sustento o justificación. Este proceso se realizaba sin controles efectivos, permitiendo que los usuarios pagaran por un consumo menor al real.
El segundo mecanismo detectado se basaba en los reclamos presentados por los usuarios. En estos casos, el CNEL inicialmente negaba la queja, basándose en el consumo real registrado. Sin embargo, al escalar el caso al ente regulador, la deuda era eliminada por completo, bajo el argumento de que no existían valores por pagar. La ministra Manzano enfatizó que, a pesar de ser dos métodos distintos, ambos convergían en un mismo objetivo: evitar que los usuarios pagaran el valor real de la energía que consumían.
La investigación reveló que al menos 46 funcionarios del CNEL han sido identificados como parte de esta red de corrupción. Entre los implicados se encuentran directores, técnicos, digitadores y personal de atención al cliente, lo que sugiere una amplia participación en todos los niveles de la organización. La magnitud del fraude se evidencia en el número de usuarios involucrados, que supera los 400.000.
Manzano detalló las cifras económicas del perjuicio causado. En 2025, se refacturaron $48 millones, de los cuales $27,9 millones no contaban con justificación alguna. En el primer trimestre de 2026, ya se han registrado $2 millones sin respaldo, y a lo largo de los once años que duró el esquema, el daño al Estado asciende a un mínimo de $300 millones. La ministra subrayó que estas cifras podrían aumentar a medida que avance la investigación y se descubran más irregularidades.
No era desorden. Era un mecanismo claro, repetido y sostenido en el tiempo , afirmó la ministra Manzano, destacando la planificación y la persistencia de la red corrupta. La funcionaria resaltó que la intervención del Ejecutivo, junto con la Policía Nacional y la Fiscalía, ha permitido desmantelar esta estructura que, durante más de una década, se ha enriquecido a costa de los recursos del país.
La ministra Manzano concluyó su mensaje destacando los resultados de la investigación: la evidencia de cómo operaba la red, la identificación de los responsables y el inicio del proceso para desarticular completamente esta estructura corrupta. La investigación continúa en curso, y se espera que se presenten cargos formales contra los funcionarios implicados en los próximos días. El gobierno ha prometido una investigación exhaustiva y transparente para garantizar que todos los responsables rindan cuentas ante la justicia y se recupere el dinero defraudado. Este caso representa un duro golpe a la confianza pública en las instituciones y subraya la necesidad de fortalecer los mecanismos de control y transparencia en la gestión de los recursos públicos.
