A poco más de un mes de las elecciones presidenciales colombianas, las encuestas confirman un panorama complejo. Iván Cepeda, candidato del Pacto Histórico y cercano a Gustavo Petro, lidera las intenciones de voto con un 44,3%. Sus competidores, Abelardo de la Espriella (21,5%) y Paloma Valencia (19,8%), se encuentran fragmentados, sin asegurar una posible segunda vuelta. Este escenario obliga a Ecuador a observar con atención la situación en Colombia, dada la estrecha relación y los desafíos compartidos entre ambos países.
Colombia y Ecuador comparten más de 700 kilómetros de frontera, una zona históricamente conflictiva y porosa que sirve de corredor para actividades ilícitas como el narcotráfico, la minería ilegal, las disidencias de las FARC y otros grupos armados irregulares. A pesar de los esfuerzos diplomáticos, esta frontera sigue siendo una fuente de preocupación para Ecuador.
La posibilidad de que Iván Cepeda asuma la presidencia colombiana en agosto genera inquietud, especialmente por la afinidad ideológica entre él y Gustavo Petro, y este último con el expresidente ecuatoriano Rafael Correa. El gobierno de Petro ya ha protagonizado acciones que han sido consideradas problemáticas por Ecuador.
Uno de los incidentes más notables fue la falta de reconocimiento por parte de Petro a la reelección de Daniel Noboa en abril de 2025, basándose en alegaciones de irregularidades sin presentar pruebas concretas. Además, el gobierno colombiano ofreció asilo político a figuras vinculadas al correísmo, señaladas por Noboa como perseguidas por la justicia ecuatoriana.
La situación se complicó aún más cuando Petro viajó a Manta, Ecuador, poco después de la posesión de Noboa, permaneciendo 72 horas en una residencia privada ubicada en una zona crítica para la captura de alias Fito, líder de Los Choneros. Noboa denunció que Petro se reunió durante esa estancia con miembros de Revolución Ciudadana, quienes tienen presuntos vínculos con el narcotráfico.
La invitación extendida por el gobierno colombiano al expresidente Rafael Correa, condenado en Ecuador a ocho años de prisión, para participar como panelista en un foro económico en Bogotá, ha sido interpretada como una señal clara de apoyo y complicidad. Esta acción no se considera un descuido, sino un mensaje deliberado que indica la percepción de Correa como un aliado por parte del gobierno colombiano.
El escenario que se vislumbra en caso de que Cepeda gane las elecciones colombianas el 31 de mayo es motivo de preocupación para Ecuador. Un gobierno en Bogotá con antecedentes de interferencia en asuntos internos ecuatorianos, que ha brindado cobijo político a un condenado por la justicia ecuatoriana y que ha operado en zonas fronterizas con opacidad, representa un riesgo para la estabilidad regional.
La experiencia de México, bajo los gobiernos de López Obrador y Sheinbaum, que otorgó asilo político a funcionarios ecuatorianos sentenciados en su país y los incorporó a su aparato gubernamental, podría repetirse en Colombia. Esta situación, descrita como "dormir con el enemigo", podría agravar las tensiones y dificultar la cooperación bilateral.
Ante este panorama, se espera que la candidata Paloma Valencia continúe ganando terreno en las encuestas. Valencia representa una opción moderada en el contexto político polarizado de Colombia y su elección podría permitir a Ecuador recuperar el tiempo perdido en la relación bilateral. Su enfoque pragmático y su compromiso con la estabilidad regional podrían facilitar una cooperación más efectiva en la lucha contra el crimen transnacional y la protección de la frontera compartida.
La elección presidencial en Colombia tendrá un impacto significativo en la seguridad y la estabilidad de Ecuador. La comunidad internacional observa con atención el desarrollo de los acontecimientos y espera que el resultado electoral contribuya a fortalecer la cooperación regional y a abordar los desafíos comunes de manera constructiva. La posibilidad de un gobierno Cepeda plantea interrogantes sobre el futuro de la relación bilateral y la necesidad de fortalecer los mecanismos de diálogo y coordinación para evitar conflictos y promover el desarrollo sostenible en la región.
