La ciudad de Dallas, Texas, ha actualizado sus protocolos de colaboración con agencias migratorias, incluyendo el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), tras la presión ejercida por el estado. La modificación, que afecta significativamente a los residentes extranjeros, se realizó para cumplir con la ley estatal y asegurar la recepción de más de 32 millones de dólares en fondos de seguridad pública, cruciales para la preparación de la Copa del Mundo 2026.
Inicialmente, el alcalde Eric Johnson se había mostrado reacio a colaborar con las autoridades migratorias federales. Sin embargo, la negativa habría implicado la pérdida de los fondos estatales. La ciudad actualizó su Orden General 315.04, que regula los procedimientos policiales, para garantizar el cumplimiento legal y el acceso a la financiación.
La nueva disposición permite a los oficiales policiales cooperar con las agencias migratorias, pero prohíbe explícitamente detener a personas únicamente para verificar su estatus migratorio o basándose en prejuicios relacionados con su apariencia, origen, idioma, religión o perfil racial.
La actualización ha generado preocupación en la comunidad inmigrante local. Expertos advierten que trabajadores en condiciones de explotación, víctimas de violencia doméstica y testigos de delitos podrían evitar denunciar a las autoridades por temor a ser detenidos. Esta situación podría dificultar la investigación de crímenes y la protección de grupos vulnerables.
La modificación de la política policial de Dallas refleja una tendencia creciente a nivel estatal para aumentar la colaboración con las agencias federales de inmigración, generando un debate sobre el equilibrio entre la seguridad pública y los derechos de los inmigrantes. La ciudad busca asegurar fondos vitales para eventos futuros, al tiempo que intenta mitigar los posibles efectos negativos en su comunidad inmigrante.
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