Una serie de ataques coordinados sacudieron el suroeste de Colombia este fin de semana, dejando al menos 20 muertos en el municipio de Cajibío, Cauca, y casi 50 heridos, incluyendo cinco menores de edad. El incidente más grave ocurrió el sábado, cuando una explosión destruyó un autobús y varios vehículos en la Vía Panamericana, principal carretera del suroccidente colombiano. Testigos relatan escenas de horror, como el agricultor Mario Guerrero, quien sobrevivió milagrosamente tras ser lanzado por los aires por la detonación.
Las autoridades colombianas, encabezadas por el presidente Gustavo Petro, han calificado los hechos como actos terroristas y responsabilizado a disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). El mandatario ha ofrecido una recompensa de 5.000 millones de pesos colombianos (aproximadamente US$ 1,4 millones) por información que conduzca a la captura de Iván Jacob Idrobo Arrendondo, alias Marlon, señalado como el responsable del ataque más letal.
Entre las víctimas se encuentran habitantes de zonas rurales, incluyendo a varios miembros de iniciativas de paz locales y a la dirigenta social Patricia Mosquera, del Consejo Comunitario de El Puro. El gobernador del Cauca ha descrito a las víctimas como gente pobre, gente humilde , y ha decretado tres días de duelo.
Estos ataques ocurren a poco más de un mes de las elecciones presidenciales del 31 de mayo, y han generado preocupación sobre la posible intención de desestabilizar el país. Los candidatos a la presidencia han reaccionado al incidente, con el candidato petrista Iván Cepeda denunciando un posible intento de generar miedo para favorecer a sectores de extrema derecha, mientras que los candidatos de la derecha han criticado el plan de paz total del gobierno Petro. La situación en el suroeste de Colombia, una zona altamente militarizada, se ha intensificado en los últimos años, con un aumento de ataques contra infraestructura civil y un impacto humanitario creciente.
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