La Asamblea Legislativa de Costa Rica, integrada por 57 diputados, se prepara para concluir su período 2022-2026 tras aprobar 681 proyectos de ley en segundo debate, según datos al 16 de abril. Este cierre de cuatrienio se caracteriza por una intensa actividad normativa, marcada por negociaciones complejas y reformas implementadas en un contexto de tensiones políticas.
Analistas legislativos como Kattia Benavides y Daniel Calvo destacan diez leyes de particular relevancia jurídica, institucional y económica, que modificaron reglas fundamentales, corrigieron vacíos legales o introdujeron nuevas herramientas para la gestión pública y privada. La reforma al artículo 32 de la Constitución Política, que permite la extradición de costarricenses por delitos de narcotráfico o terrorismo, es considerada una decisión trascendental, eliminando una larga deuda legislativa.
Sin embargo, la Asamblea saliente también deja pendientes asuntos estratégicos para el crecimiento económico, como las jornadas laborales 4x3, la armonización del sistema eléctrico, las alianzas público-privadas, la protección de datos personales y la regulación de la minería metálica en Crucitas.
Entre las leyes aprobadas sobresalen la que fomenta la competencia en el mercado de medicamentos, buscando reducir precios y ampliar el acceso; la autorización para emitir eurobonos, permitiendo al gobierno endeudarse hasta $5.000 millones; y la que sanciona el delito de préstamo de dinero “gota a gota”. También se aprobaron contratos para la ampliación de la Ruta 1 y reformas fiscales para salir de la lista gris de la Unión Europea.
Proyectos como la Ley de Armonización del Sistema Eléctrico, la de Protección de Datos Personales, las jornadas laborales 4x3 y la regulación de la minería en Crucitas, quedan pendientes para la próxima Asamblea.
La legislatura que concluye deja un legado mixto, avanzando en áreas como seguridad y financiamiento público, pero postergando decisiones estructurales en sectores clave. Suscríbete a Noticias lat para más noticias.
