La carrera global por la infraestructura de inteligencia artificial (IA) está reconfigurando el mapa de la economía digital. A medida que empresas como Microsoft, Google y Amazon expanden sus gigantescos centros de datos, países del Sur Global se convierten en piezas estratégicas, ofreciendo territorio, energía e incentivos fiscales a cambio de promesas de inversión. Argentina y Brasil se destacan como nuevos polos de este movimiento, pero el modelo adoptado tiende a profundizar las dependencias tecnológicas y a comprometer la soberanía digital de la región.
En los últimos dos años, anuncios multimillonarios de nuevos complejos de computación en la nube se han multiplicado. En Brasil, el gobierno federal y estados como S o Paulo y Bahia han celebrado la llegada de centros de procesamiento vinculados a grandes empresas de IA, vistos como símbolos de modernización económica. En Argentina, planes similares avanzan en zonas industriales cercanas a Buenos Aires y Córdoba.
En el discurso oficial, se trata de atraer innovación y posicionar al país en la vanguardia tecnológica. En la práctica, sin embargo, la lógica predominante es la de la inserción periférica: inversiones financiadas externamente, con baja exigencia de contenido local y pocos efectos de aprendizaje tecnológico. Esta dinámica repite patrones conocidos en sectores como la minería y la energía. La diferencia es que ahora el recurso a ser explotado incluye datos, electricidad e infraestructura digital, y su gestión definirá las próximas décadas de la economía global.
Los centros de datos de IA demandan volúmenes colosales de energía y refrigeración. Estudios indican que la operación de un único complejo puede consumir el equivalente al abastecimiento de una ciudad media. En países donde el sistema eléctrico ya está presionado, como Brasil y Argentina, esta demanda compite con la expansión industrial y el consumo residencial. La combinación de incentivos fiscales y tarifas subsidiadas transforma, en muchos casos, estas instalaciones en bolsones de privilegio energético .
Otro riesgo es la creciente asimetría informacional y contractual. Los acuerdos firmados con multinacionales de tecnología raramente vienen acompañados de cláusulas de transparencia o de compartición de beneficios. Los datos procesados localmente inclusive datos públicos y de usuarios nacionales permanecen bajo control de sistemas propietarios con sede en el exterior.
El concepto de soberanía digital ayuda a comprender esta trampa. Se refiere a la capacidad de un Estado de controlar, proteger y direccionar estratégicamente sus datos, infraestructuras y los flujos de conocimiento que moldean la economía digital. En Brasil, las políticas de transformación digital han avanzado de forma fragmentada, sin una estrategia articulada entre Estado, empresas y universidades. Falta coordinación para usar la presencia de grandes corporaciones como palanca de fortalecimiento tecnológico nacional por ejemplo, exigiendo transferencia de conocimiento, asociaciones con centros de investigación o adopción de estándares de transparencia energética y de datos.
Existen caminos alternativos. Países de Asia y Europa vienen adoptando condiciones regulatorias y de inversión más exigentes, imponiendo obligaciones ambientales, compromisos de innovación local y límites al control extranjero sobre datos sensibles. En América Latina, Chile y Uruguay ya incorporan elementos de esta agenda en sus políticas de transformación digital, asociando el acceso a incentivos fiscales a la comprobación de beneficios tecnológicos y de sostenibilidad.
Para Argentina y Brasil, la ventana de oportunidad está abierta, pero no indefinidamente. La actual ola de inversiones en IA ocurre en un contexto de reconfiguración geopolítica acelerada, en que la infraestructura digital se ha tornado un activo estratégico comparable a las reservas de petróleo o los gasoductos del siglo XX. Quien controla los servidores, la energía y los datos, controla también el ritmo de la innovación y la dirección del desarrollo.
Si la región opta por un modelo de mera recepción de capitales y equipos, consolidará su posición como territorio de procesamiento útil para las cadenas globales de IA, pero marginal en los retornos económicos y en el poder decisorio. En contrapartida, políticas coordinadas de soberanía digital podrían transformar la presencia de centros de datos en motor de capacitación técnica, integración productiva y autonomía tecnológica. Esta elección, más que técnica, es profundamente política: se trata de decidir si la nueva economía digital será construida con o sobre los países del Sur Global.
