Una jueza federal en Florida ha expresado serias dudas sobre la constitucionalidad de la demanda de 10.000 millones de dólares presentada por el expresidente Donald Trump contra el Servicio de Impuestos Internos (IRS) y el Departamento del Tesoro, relacionada con la filtración de sus declaraciones de impuestos. La jueza Kathleen M. Williams, nombrada por Barack Obama, ordenó la celebración de una audiencia para determinar si Trump tiene legitimidad para demandar a las agencias federales que supervisaba como presidente.
Williams argumenta que la independencia entre Trump y las agencias federales es cuestionable, dado que, como presidente en funciones en el momento de la demanda, sus decisiones influyen directamente en las agencias nombradas como demandadas. La jueza citó un decreto presidencial que busca alinear las interpretaciones legales de los empleados del poder ejecutivo con las opiniones del presidente, lo que plantea conflictos de interés en el caso.
La preocupación de Williams se centra en la posible falta de antagonismo real entre las partes, especialmente considerando que cualquier acuerdo monetario resultante de la demanda implicaría que la propia administración de Trump le pagaría a él y a su familia. El expresidente reconoció públicamente la dinámica única del litigio, incluso sugiriendo la posibilidad de donar cualquier ganancia a organizaciones benéficas.
La demanda original, presentada por Trump junto con sus hijos Donald Trump Jr. y Eric Trump, alega que el gobierno no protegió adecuadamente su información fiscal confidencial, la cual fue filtrada a la prensa por Charles Littlejohn, un excontratista del IRS. Littlejohn fue condenado a cinco años de prisión por divulgar ilegalmente declaraciones de impuestos, incluyendo las de Trump.
Los abogados de Trump están actualmente en negociaciones con el IRS y el Tesoro para resolver la demanda, solicitando una extensión de 90 días para continuar las discusiones. Este caso se produce en un contexto de acuerdos recientes del Departamento de Justicia con exasesores de Trump, incluyendo acuerdos con Carter Page y Michael Flynn.
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