El plazo de 60 días impuesto por la Resolución de Poderes de Guerra para la acción militar no autorizada en Irán se acerca rápidamente, generando confusión y debate en el Congreso y la Casa Blanca. La administración Trump, que no solicitó aprobación legislativa para las hostilidades, enfrenta un punto crítico el 1 de mayo, aunque existe desacuerdo sobre la fecha exacta de inicio del conteo. La ley, promulgada tras la guerra de Vietnam, exige que el presidente notifique al Congreso dentro de las 48 horas posteriores al despliegue de tropas, explicando el alcance, la justificación y la duración prevista de la operación. Trump cumplió con este requisito, invocando su autoridad constitucional para conducir las relaciones exteriores. Sin embargo, el verdadero desafío radica en el plazo de 60 días para obtener la autorización del Congreso o cesar la acción militar, con una posible prórroga de 30 días si se argumenta que es necesaria para la seguridad de las tropas durante la retirada.
La ambig edad en torno a la fecha límite ha provocado disputas entre abogados de ambos partidos. Algunos sostienen que el plazo comenzó con el inicio de las hostilidades, situando el vencimiento el 29 de abril, mientras que otros se basan en el texto de la ley, que indica 60 días a partir de la notificación oficial al Congreso, lo que extendería el plazo hasta el 1 de mayo. La situación se complica aún más por la existencia de un alto el fuego, con algunos legisladores, incluyendo al republicano Brian Fitzpatrick, argumentando que los períodos de cese de hostilidades no deberían contarse dentro del plazo de 60 días. Fitzpatrick ha manifestado su disposición a forzar una votación sobre la Ley de Poderes de Guerra si el alto el fuego termina.
A pesar de los intentos demócratas por revocar los poderes de guerra del presidente, estos han fracasado hasta el momento. La senadora republicana Lisa Murkowski ha expresado su preocupación por la gestión de la guerra por parte de Trump y ha considerado impulsar una autorización con límites claros, pero aún no ha tomado medidas concretas. La controversia se agrava por el historial de administraciones presidenciales, incluyendo la de Trump, que han cuestionado la constitucionalidad de la ley. Richard Nixon vetó la legislación original, argumentando que limitaba la capacidad del presidente para proteger al país, pero el Congreso anuló su veto.
La administración Trump no ha buscado activamente el apoyo del Congreso, a diferencia de administraciones anteriores. Ronald Reagan, por ejemplo, llegó a un acuerdo con los legisladores en 1983 tras el despliegue de infantes de marina en Líbano, autorizando su presencia durante 18 meses adicionales. Barack Obama, en 2011, desautorizó a sus abogados para buscar la aprobación del Congreso para la campaña de bombardeos de la OTAN en Libia, argumentando que no constituía una exposición de las fuerzas estadounidenses a hostilidades y que el riesgo para las tropas era mínimo. La administración Trump ha adoptado argumentos similares en casos anteriores, como el hundimiento de embarcaciones de narcotráfico.
El presidente Trump podría argumentar que el alto el fuego reinicia el plazo de 60 días o que la ley simplemente no se aplica a la situación actual. Presidentes anteriores, como George H.W. Bush y George W. Bush, obtuvieron autorizaciones para el uso de la fuerza en Irak, pero también argumentaron que no eran necesarias. Bill Clinton mantuvo tropas en Kosovo durante más de 60 días sin permiso del Congreso, justificándolo con la autorización de fondos para el despliegue.
Hasta la fecha, la administración Trump no ha revelado el costo de la guerra contra Irán ni ha solicitado al Congreso un proyecto de ley de asignaciones suplementarias para financiarla. A lo largo del segundo mandato de Trump, se ha observado una tendencia de líderes republicanos en el Capitolio a ceder poder a la administración en áreas como la política arancelaria y los recortes a programas gubernamentales. Sin embargo, no está claro cómo, o si, los tribunales intervendrían si Trump impugnara al Congreso por la Resolución sobre los Poderes de Guerra.
La unidad republicana en el Congreso se ha mantenido hasta ahora, evitando deserciones en las votaciones sobre los poderes de guerra contra Irán. Sin embargo, algunos republicanos institucionalistas han sugerido que el Congreso tiene la responsabilidad de votar sobre la autorización de cualquier guerra que se extienda más allá de 60 días, lo que podría resultar en una reprimenda simbólica. Incluso los republicanos que apoyan la guerra podrían mostrarse reacios a votar en un tema que los vincularía directamente con una cuestión que podría convertirse en un lastre político en las elecciones de mitad de mandato. La preocupación por las posibles represalias del presidente también ha llevado a algunos republicanos a evitar criticar públicamente la guerra.
La incertidumbre persiste sobre el futuro de la acción militar en Irán y el papel del Congreso en la determinación de su curso. La Resolución de Poderes de Guerra, aunque cuestionada por varias administraciones, sigue siendo un factor clave en el debate, y el plazo de 60 días se acerca rápidamente, obligando a la Casa Blanca y al Congreso a tomar decisiones cruciales que podrían tener consecuencias significativas para la política exterior estadounidense y la estabilidad regional. La falta de transparencia por parte de la administración Trump en cuanto al costo de la guerra y la financiación adicional agrava aún más la situación, dejando al Congreso con información limitada para tomar decisiones informadas. La posible intervención de los tribunales, aunque incierta, añade otra capa de complejidad a este delicado asunto.
