Un reciente informe del Comité Permanente para la Defensa de los Derechos Humanos de Guayaquil (CDH) revela una crisis inédita de desplazamiento forzado interno en Ecuador, impulsada por la creciente violencia de bandas criminales, especialmente en la ciudad de Guayaquil. La inseguridad se ha convertido en la principal preocupación de los ecuatorianos, alcanzando un 37.4% según encuestadora Comunicaliza.
La investigación se centra en el barrio de Socio Vivienda, al noroeste de Guayaquil, donde las autoridades han realizado intervenciones fallidas para contener los tiroteos y el narcotráfico. El 6 de marzo de 2025, aproximadamente 300 familias abandonaron la zona tras el control de bandas delictivas, incluyendo un ataque armado que dejó 22 muertos, resultado de conflictos entre facciones de Los Tiguerones. Los residentes que no pudieron huir se vieron obligados a confinarse en sus hogares.
El CDH considera que la situación en Socio Vivienda es la manifestación más extrema de un patrón más amplio: el despojo violento de comunidades, la degradación del tejido social y la migración forzada como estrategia de supervivencia. Se han registrado traslados forzosos en al menos tres barrios adicionales de Guayaquil.
Ecuador se ha convertido en el tercer país latinoamericano con mayor número de desplazados internos en 2024, con 101.000 casos, según el Consejo Noruego para Refugiados. Investigaciones de 3iSolution y la Defensoría del Pueblo confirman esta tendencia, con 82.876 y más de 248.000 individuos desplazados entre 2022 y 2024, respectivamente.
La crisis de violencia ha posicionado a Ecuador como el país con la tasa de homicidios más alta de Latinoamérica. En 2025, se registraron 9.269 asesinatos, lo que equivale a más de 50 homicidios por cada 100.000 habitantes. El país opera bajo un estado de "conflicto armado interno" declarado por el presidente Daniel Noboa.
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