El gobierno cubano ha intensificado su llamado a combatir el delito, especialmente el robo de combustible y aceite dieléctrico, calificándolo de una amenaza directa a la economía nacional y a los servicios básicos para la población. El Primer Ministro, Manuel Marrero Cruz, encabezó una reunión del Grupo de Trabajo para la prevención y enfrentamiento al delito, la corrupción, las ilegalidades y las indisciplinas sociales, donde se instó a elevar las sanciones administrativas y a convertir la lucha contra estos crímenes en una batalla de todos los días .
Marrero Cruz enfatizó la gravedad de estos actos, destacando su impacto en la ya precaria situación económica del país y en la capacidad de proveer servicios esenciales a los ciudadanos. Particularmente, se refirió al robo de aceite dieléctrico, utilizado en los transformadores, como un delito de alta sensibilidad que afecta directamente a comunidades enteras. En este sentido, solicitó una mayor divulgación de estos hechos para involucrar a la población en el enfrentamiento y asegurar que se comprenda la intolerancia cero ante este tipo de acciones.
El Primer Ministro también hizo hincapié en la necesidad de una mayor responsabilidad administrativa, exigiendo mano dura contra aquellos funcionarios que no cumplan con su deber de supervisar y controlar el uso de estos recursos. Pero también mano dura con los irresponsables administrativos que no están cumpliendo su papel, que no están exigiendo y que no están controlando como tienen que controlar , subrayó.
Durante la reunión, Leisy Hernández González, directora general de la Oficina Nacional para el Uso Racional de la Energía (Onure), presentó un informe sobre los resultados obtenidos en la prevención y enfrentamiento al robo de combustible durante 2025 y el primer trimestre de 2026. Hernández González informó sobre un aumento en las acciones de control, en un contexto marcado por un agudo desabastecimiento de combustible y la aparición de nuevos actores en su comercialización. Instó a perfeccionar el uso de la aplicación Ticket y el sistema de venta en los servicentros como herramientas para mejorar el control y la transparencia.
La Contralora General de la República, Mirian Marbán González, por su parte, destacó la necesidad de fortalecer el sistema de control interno en las entidades estatales y profundizar en el análisis de la información obtenida a través de los ejercicios de supervisión. Hay que elevar el rigor de las medidas administrativas que se adoptan y de las medidas disciplinarias también. Pareciera que no hay total conciencia de lo que implica el desvío de combustible y la indisciplina en su control y uso , señaló.
El Presidente del Tribunal Supremo Popular, Oscar Silvera Martínez, resaltó la importancia de informar a la población sobre las acciones de enfrentamiento al delito. Argumentó que la transparencia y la divulgación generan confianza y fomentan la participación ciudadana, lo que a su vez fortalece el rechazo social a estas prácticas delictivas. Cuando las personas aprecian ese enfrentamiento y ese sistema de trabajo, confían y participan, y ahí estamos ganando la pelea del rechazo social a los delitos , afirmó.
En relación con los delitos económicos, el Primer Ministro Marrero Cruz insistió en la necesidad de potenciar los controles en los centros de elaboración y almacenes, así como de fortalecer el trabajo coordinado con los equipos de seguridad. También indicó reforzar los planes de enfrentamiento, con el objetivo de prevenir y detectar cualquier irregularidad en el manejo de los recursos.
La reunión del Grupo de Trabajo se llevó a cabo mediante videoconferencia con todos los territorios del país, lo que demuestra la importancia que el gobierno cubano otorga a este tema y su compromiso con la lucha contra el delito y la corrupción en todos los niveles. Las medidas anunciadas buscan no solo castigar a los responsables de estos actos, sino también prevenir su ocurrencia a través de un mayor control, transparencia y participación ciudadana.
El gobierno cubano enfrenta un desafío significativo en la gestión de sus recursos energéticos, agravado por el embargo económico impuesto por Estados Unidos y las dificultades para acceder a combustibles en el mercado internacional. En este contexto, el robo de combustible y aceite dieléctrico representa una pérdida considerable para la economía nacional y un obstáculo para el desarrollo del país. La intensificación de la lucha contra estos delitos se considera, por lo tanto, una medida necesaria para proteger los recursos del país y garantizar el acceso a los servicios básicos para la población.
La aplicación de sanciones más severas, el fortalecimiento de los controles internos y la participación activa de la ciudadanía son elementos clave de la estrategia que el gobierno cubano ha puesto en marcha para combatir el delito y la corrupción. Se espera que estas medidas contribuyan a mejorar la gestión de los recursos energéticos, a fortalecer la economía nacional y a garantizar un mejor futuro para el pueblo cubano. La situación de desabastecimiento agudo de combustible, sumado a la aparición de nuevos actores en su comercialización, complica aún más el panorama, exigiendo una respuesta rápida y efectiva por parte de las autoridades.
