El sistema de justicia dominicano enfrenta crecientes críticas por lo que se percibe como un claro doble rasero en el trato a acusados de corrupción y ciudadanos comunes. Un análisis exhaustivo revela una marcada disparidad en la aplicación de la ley, donde políticos y empresarios adinerados parecen beneficiarse de procesos judiciales prolongados y permisivos, mientras que individuos de bajos recursos son condenados rápidamente por delitos menores.
El caso del exprocurador Jean Alan Rodríguez, quien permanece bajo arresto domiciliario, ejemplifica esta problemática. A pesar de un expediente de más de 12 mil páginas, similar al caso Odebrecht donde finalmente no hubo condenas , se teme que el proceso se extienda indefinidamente, permitiendo que los verdaderos responsables evadan la justicia. La facilidad con la que Rodríguez obtuvo permisos para viajar al exterior, a diferencia de otros reclusos con menor influencia política, subraya la existencia de privilegios basados en el poder económico y la conexión política.
La denuncia expone una realidad preocupante: en la República Dominicana, el robo de pequeñas sumas se castiga con severidad, mientras que la corrupción a gran escala es tolerada bajo el pretexto del debido proceso . Las cárceles están saturadas de personas sin recursos, enfermas y sin acceso a una defensa legal adecuada, mientras que los acusados de corrupción disfrutan de abogados costosos y la protección de un sistema que parece diseñado para protegerlos.
Se estima que más de 20 mil reclusos languidecen en condiciones precarias, sufriendo de enfermedades graves y sin esperanza de un juicio justo. La impunidad para los poderosos y la criminalización de la pobreza son síntomas de una justicia cómplice que perpetúa la desigualdad y socava el estado de derecho. La situación actual, según el análisis, recuerda la frase del escritor Eduardo Galeano: El pobre vale menos que la bala que lo mata .
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