Argentina experimenta un cambio significativo en su política ambiental tras la promulgación de la nueva Ley de Glaciares por parte del Poder Ejecutivo. Esta normativa, aprobada tras un intenso debate parlamentario, modifica el régimen de protección de las reservas de agua dulce del país.
Ante esta situación, diversas organizaciones no gubernamentales (ONG) han intensificado sus esfuerzos para reunir un millón de firmas y presentar un amparo judicial que declare la inconstitucionalidad de la ley. Organizaciones como la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas y Greenpeace, junto con otras organizaciones y asambleas de todo el país, han anunciado la presentación de una demanda colectiva en defensa de la Ley de Glaciares en las próximas semanas.
Hasta el momento, la iniciativa ha logrado recolectar casi 900 mil firmas de personas que expresan su rechazo a la nueva legislación. El respaldo masivo se ha construido a partir de la sanción de la reforma el 9 de abril pasado.
La nueva ley ha sido objeto de rechazo y cuestionamiento por parte de la comunidad científica nacional e internacional, asambleas ciudadanas, juristas y constitucionalistas, sectores eclesiásticos y diversas organizaciones civiles. Estas voces expresan preocupación por el impacto que la normativa podría tener en la protección de los recursos hídricos del país. La demanda judicial busca revertir los cambios introducidos y garantizar la preservación de los glaciares argentinos.
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