Un segundo tribunal arbitral debe resolver un caso previamente anulado, generando debate sobre si debe estar atado a la decisión inicial sobre competencia. Expertos como Mónica Jara Chérrez sostienen que imponer los razonamientos del primer tribunal pulverizaría la autonomía del nuevo, convirtiéndolos en meros ejecutores de fallos ajenos.
La controversia surge porque el segundo tribunal tiene una visión diferente sobre su competencia, reconociéndola en algunas pretensiones pero no en otras. Algunos argumentan a favor del principio de preclusión, afirmando que la discusión sobre la competencia ya quedó cerrada. Sin embargo, Jara Chérrez defiende la independencia de criterio de los nuevos árbitros, enfatizando que obligarlos a actuar sin competencia sería incorrecto.
Alejandro Giler coincide en la importancia de la independencia judicial, señalando que la reciente decisión de la Corte Nacional, que establece que un reemplazo no está obligado a suscribir una decisión oral no escrita de su predecesor, es conceptualmente correcta. Reconoce el riesgo de manipulación, pero argumenta que la solución no es violar la independencia judicial.
Giler sugiere que, dado que las decisiones orales a menudo ya están escritas, la solución podría ser exigir el cumplimiento de los plazos legales para la notificación escrita de las decisiones. Insiste en que obligar a un juez a adoptar un fallo en contra de su convicción no es aceptable. El debate central reside en el equilibrio entre la certeza de la preclusión y la independencia del nuevo juzgador, siendo crucial preservar la autonomía del tribunal para garantizar un proceso justo y equitativo.
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