Una nueva Fuerza de Represión de Pandillas (FRG) se desplegará en Haití en los próximos meses, relevando gradualmente a la actual Misión Multinacional de Apoyo a la Policía Haitiana (MMAS), según anunció el representante especial de Naciones Unidas, Jack Christofides, ante el Consejo de Seguridad. Esta decisión responde a la crítica situación de seguridad que vive el país, donde las bandas armadas ejercen un control significativo, especialmente en la capital, Puerto Príncipe, y han provocado un desplazamiento masivo de la población.
El plan, aprobado por el Consejo de Seguridad, contempla el envío de hasta 5.500 efectivos militares y policiales de diversos países. La primera fase ya ha comenzado con la llegada de 400 soldados de Chad, parte de un contingente total de 1.500 prometidos por el gobierno chadiano, constituyendo la mayor contribución individual hasta la fecha. El despliegue del resto de los efectivos se realizará de manera progresiva, coordinándose con la retirada de la MMAS para evitar un vacío de seguridad.
La MMAS, que llegó a contar con mil efectivos, se vio limitada por la falta de equipamiento y financiamiento. La transición a la FRG, aprobada en septiembre pasado a instancias de Estados Unidos, busca dotar a la misión internacional de mayores capacidades y recursos para enfrentar la expansión de las bandas criminales. La FRG tendrá un mandato más amplio, incluyendo operaciones en áreas marítimas y fronterizas, y se enfocará en intervenir en los puntos más conflictivos del país, donde la presencia estatal es prácticamente inexistente.
La situación humanitaria en Haití es alarmante. Alrededor de 1,5 millones de personas se encuentran desplazadas dentro del país, muchas debido a los enfrentamientos entre bandas rivales y la ausencia de fuerzas policiales. Recientes combates entre los grupos Chen Mechan, 400 Mawozo y Taliban, contra las bandas agrupadas bajo el nombre de Pierre 6, en la zona de Plaine du Cul de Sac, al norte de la capital, han provocado la huida de centenares de personas, el cierre de empresas locales y la suspensión de las operaciones internacionales en el aeropuerto internacional Toussaint Louverture por razones de seguridad.
A pesar de la intensificación de las operaciones policiales contra las pandillas entre diciembre y febrero pasados, que resultaron en la muerte de 1.343 presuntos integrantes de bandas y la incautación de 140 armas, estas acciones también han tenido un costo en vidas civiles, con 158 personas ajenas a las bandas muertas y 108 heridas.
Las Naciones Unidas han enfatizado la importancia de que todas las operaciones de la nueva fuerza respeten los estándares internacionales de derechos humanos, especialmente a la luz de denuncias recientes de abusos cometidos por efectivos de la misión saliente. En 2025, la ONU recibió y confirmó cuatro denuncias de explotación y abuso sexual por parte de miembros de la MMAS a través de investigaciones internas.
La población infantil es particularmente vulnerable. Unicef reportó que más de 680.000 niños y niñas fueron desplazados y 3,3 millones necesitaron asistencia humanitaria en 2025, mientras que la inseguridad alimentaria afecta a una cuarta parte de los menores. La violencia también ha interrumpido servicios básicos como educación, transporte y atención médica, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Otro problema grave es el hacinamiento en las cárceles haitianas, donde la población penitenciaria supera en más de tres veces la capacidad instalada, con más de 6.200 personas en prisión preventiva, incluyendo a 261 menores. La presión internacional para mejorar las condiciones de detención y proteger los derechos humanos se mantiene firme.
En el ámbito político, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, se reunió ayer en Washington con el primer ministro haitiano, Alix Didier Fils-Aimé, para expresar el respaldo de su país a las elecciones generales previstas en Haití para agosto, en un contexto de aumento de la violencia y crisis institucional. Rubio destacó la necesidad de que el Congreso estadounidense apruebe facilidades arancelarias para la industria textil haitiana y abordó, junto a Fils-Aimé, temas cruciales como la seguridad nacional, el despliegue de fuerzas internacionales y el fortalecimiento de las instituciones haitianas.
La situación en Haití exige una respuesta integral que aborde tanto la seguridad como las necesidades humanitarias de la población, con un enfoque particular en la protección de los derechos humanos y la promoción del desarrollo sostenible. La FRG representa un esfuerzo internacional para restaurar el control estatal y brindar estabilidad al país, pero su éxito dependerá de la coordinación efectiva con las autoridades haitianas, el respeto a los derechos humanos y la implementación de estrategias a largo plazo para abordar las causas subyacentes de la violencia y la inestabilidad.
