El expresidente filipino Rodrigo Duterte, de 81 años, enfrentará un juicio por tres cargos de crímenes contra la humanidad ante el Tribunal Penal Internacional (TPI), según anunció el organismo este jueves. La decisión se basa en las sucesivas campañas contra las drogas que Duterte presuntamente supervisó entre 2013 y 2018, primero como alcalde de Davao y luego como presidente de Filipinas.
Los magistrados de la Sala de Cuestiones Preliminares del TPI concluyeron por unanimidad que existen motivos fundados para creer que Duterte es penalmente responsable de estos crímenes, lo que ha llevado a su procesamiento. El expresidente fue detenido en Manila en marzo de 2025 y posteriormente trasladado a La Haya, sede del TPI, donde permanece actualmente en el Centro de Detención en Scheveningen.
La investigación del TPI se centra en las muertes ocurridas durante las operaciones antidrogas, que dejaron un saldo de miles de fallecidos. Según cifras oficiales del gobierno filipino, al menos 6.200 personas murieron, mientras que organizaciones de derechos humanos elevan la cifra a cerca de 30.000. Un informe de Naciones Unidas publicado en 2020 reveló que la mayoría de las víctimas eran hombres jóvenes y pobres de zonas urbanas, y denunció que la policía actuaba sin necesidad de órdenes judiciales para realizar detenciones o registros domiciliarios.
Duterte ha defendido su política de drogas, incluso después de dejar el cargo. En una declaración ante el Congreso filipino, afirmó: Lo hice por mi país y por los jóvenes . No tengo nada que ocultar , añadió, y reiteró su disposición a asumir las consecuencias: Sin excusas, sin disculpas. Si voy al infierno, que así sea . Tras su arresto, Duterte reafirmó su responsabilidad en un mensaje desde la cárcel. Sus abogados argumentan que la guerra contra las drogas fue una medida de defensa propia .
Los cargos contra Duterte se dividen en tres categorías. El primero se relaciona con eventos ocurridos en Davao entre 2013 y 2016, donde se le vincula con la muerte de 19 personas, ya sea como coautor indirecto o por haber ordenado o inducido los crímenes. El segundo cargo, entre 2016 y 2017, involucra al menos 14 víctimas en diferentes lugares de Filipinas durante su presidencia, atribuyéndole complicidad en su autoría. El tercer cargo abarca el asesinato y la tentativa de asesinato de al menos 45 personas entre 2016 y 2018, bajo las mismas condiciones de responsabilidad penal.
La decisión del TPI se produce después de que Filipinas se retirara del Estatuto de Roma, el tratado fundacional del tribunal, en 2019. Duterte anunció la retirada en marzo de 2018, poco después de que el TPI iniciara un estudio preliminar sobre la situación en el país. Sin embargo, el TPI mantiene su jurisdicción sobre los crímenes cometidos mientras Filipinas era parte del tratado. Los jueces del TPI argumentan que permitir a un Estado eludir sus responsabilidades una vez que se han iniciado las investigaciones sería incompatible con el objetivo principal del tribunal: evitar la impunidad por los crímenes más graves de la justicia internacional.
La detención de Duterte en marzo de 2025 se llevó a cabo tras la emisión de una orden de arresto por parte del TPI. Aunque el tribunal no cuenta con una fuerza policial propia, la cooperación de Filipinas como miembro de Interpol facilitó la ejecución de la orden. El TPI interviene únicamente cuando la justicia nacional de sus 125 Estados miembros no está dispuesta o no puede actuar. Duterte ha calificado su detención como un secuestro.
Sus abogados han impugnado la jurisdicción del TPI y han solicitado su liberación provisional, argumentando que su estado físico y mental no le permite afrontar un juicio de esta magnitud. Sin embargo, los jueces han rechazado estas solicitudes debido al riesgo de fuga.
El TPI ha autorizado a 539 víctimas supervivientes y familiares de víctimas a participar en las actuaciones como testigos, y ofrece la posibilidad de recibir compensaciones.
El TPI atraviesa un momento delicado debido a las sanciones impuestas por Estados Unidos contra jueces y funcionarios por las investigaciones en Israel y Afganistán, así como por la emisión de órdenes de arresto contra el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, y su entonces ministro de Defensa, Yoav Gallant, en 2024. A pesar de estas presiones, el tribunal continúa su labor de investigar y juzgar los crímenes más graves que preocupan a la comunidad internacional.
