El Salvador inició esta semana un juicio masivo contra 486 presuntos miembros de la pandilla MS-13, un proceso que se lleva a cabo bajo un nuevo modelo penal y que ha generado fuertes críticas por parte de organizaciones de derechos humanos. El juicio se deriva de los asesinatos ocurridos durante el sangriento fin de semana de marzo de 2022, un evento que marcó un punto de inflexión en la política de seguridad del presidente Nayib Bukele.
Cientos de acusados, uniformados de blanco, rapados y con mascarillas, siguen el juicio por videoconferencia. De ellos, 413 se encuentran detenidos en el Centro de Confinamiento contra el Terrorismo (CECOT), una cárcel de máxima seguridad que se ha convertido en un símbolo del gobierno de Bukele, mientras que 73 permanecen prófugos y serán juzgados en ausencia.
El tribunal especializado en crimen organizado está llevando adelante el proceso bajo un modelo de macroaudiencia por más de 47.000 delitos cometidos entre 2012 y 2022, según la Fiscalía General. Entre estos delitos se incluyen la orden de 86 asesinatos perpetrados entre el 25 y el 27 de marzo de 2022. Este modelo de juicio fue establecido tras una serie de reformas aprobadas en 2023 al Código Penal de El Salvador, en el contexto de la implementación de un régimen de excepción que permanece vigente desde hace cuatro años y que suspende garantías constitucionales.
En estos procesos, los detenidos suelen contar con un defensor público. Se está investigando el tipo de acompañamiento legal que reciben las personas que están siendo juzgadas y cómo es el acceso a la defensa en este caso.
El Salvador comenzó 2022 con un promedio de 2,8 asesinatos diarios, una cifra que había ido en aumento desde los últimos meses de 2021. El viernes 25 de marzo, las autoridades registraron 14 homicidios, lo que llevó a una reunión de emergencia del Gabinete de Seguridad. Sin embargo, la escalada de violencia continuó el sábado, con la confirmación de 62 asesinatos, y el domingo, con 11 más.
Este fin de semana se considera el más violento en el país desde la Guerra Civil de los años 80.
En medio de esta ola de violencia, Bukele solicitó a través de redes sociales a la Asamblea Legislativa que declarara inmediatamente el régimen de excepción. El Congreso, de mayoría oficialista, convocó a una sesión extraordinaria y aprobó la medida con el 75% de los votos necesarios.
En ese momento, el Gobierno de Estados Unidos ya había sancionado a dos funcionarios de El Salvador por supuestas negociaciones secretas con la MS-13. Bukele siempre ha rechazado las versiones de una presunta tregua con las pandillas.
El estado de excepción aprobado por la Asamblea se convirtió en la principal estrategia del Gobierno contra las pandillas. Desde su implementación, las autoridades afirman haber capturado a 91.300 personas acusadas de pertenecer o tener vínculos con estos grupos criminales. Bukele, quien mantiene altos niveles de popularidad, ha declarado que 8.000 personas que fueron detenidas injustamente han sido liberadas, mientras que organizaciones de derechos humanos han documentado la muerte de al menos 488 personas bajo custodia de las autoridades.
Durante la primera audiencia del juicio, que se llevó a cabo el lunes, no se autorizó el acceso a los medios de comunicación. La Fiscalía informó posteriormente que los acusados están imputados por crímenes que marcaron al país : homicidios, femicidios, extorsión, narcotráfico, desapariciones y tráfico de armas, así como rebelión al intentar mantener el control territorial para establecer un Estado paralelo .
Los fiscales, sin detallar la duración del proceso, han presentado autopsias, análisis balísticos y testimonios, y han solicitado al juez que imponga la pena máxima por cada crimen. Un acusado podría enfrentar hasta 245 años de condena si es hallado culpable de múltiples cargos.
El martes, cuando se permitió el acceso a los medios, la Fiscalía General de la República (FGR) presentó declaraciones de testigos que señalan a 22 imputados como ranfleros (la máxima jerarquía de las pandillas) como responsables de ordenar más de 9.000 crímenes. Según la Fiscalía, los acusados daban autorización de asesinar a contrincantes, miembros de la corporación policial, elementos de la Fuerza Armada y cualquier persona que se opusiera a sus exigencias .
Las reformas a la ley de crimen organizado no individualizan la responsabilidad penal de los acusados y eliminaron la audiencia de valoración de pruebas.
Este no es el primer caso en el que decenas de acusados son juzgados colectivamente, lo que ha generado reclamos por parte de grupos defensores de derechos humanos.
Estos megajuicios plantean serias dudas sobre el cumplimiento de las garantías del debido proceso, incluido el derecho a una defensa individualizada, la presunción de inocencia y el acceso a una representación legal adecuada , declaró Irene Cuéllar, investigadora para Centroamérica de Amnistía Internacional (AI). Juan Pappier, subdirector para las Américas de Human Rights Watch (HRW), señaló a la agencia AP que carecen de garantías básicas del debido proceso y, por lo tanto, aumentan el riesgo de condenar a personas inocentes que no tienen nada que ver con las pandillas que han aterrorizado al país durante décadas .
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) también publicó un comunicado este martes en el que expresó serias preocupaciones por los impactos en los derechos humanos derivados de la prolongación excesiva e indebida del régimen de excepción en El Salvador y reiteró su pedido al Estado para poner fin al uso continuado de esta medida como parte de su política de seguridad .
A pesar de las críticas, el régimen de excepción continúa contando con un amplio respaldo popular y fue clave para que Bukele asegurara su reelección, a pesar de que la Constitución lo prohibía. El Salvador cerró 2023 con 82 homicidios, un 28% menos que en 2022 y, según el Ministerio de Seguridad, es la primera vez que el país registra una cifra anual de dos dígitos.
