Venezuela no ha desmantelado su “aparato represivo” estatal a pesar de la detención de Nicolás Maduro por tropas estadounidenses y la posterior llegada al poder de Delcy Rodríguez, denunció Amnistía Internacional este martes. La organización de derechos humanos advierte que, si bien se han tomado medidas como la aprobación de una ley de amnistía, estas no se traducen en un cambio real en la situación de los derechos humanos en el país.
Valentina Ballesta, directora de investigación para las Américas de Amnistía Internacional, afirmó a la AFP durante la presentación del informe anual de la organización en Bogotá, que “el aparato represivo sigue totalmente vigente”. La declaración se produce en un contexto de expectativas generadas por el cambio de gobierno en Venezuela, impulsado por Washington, y la promesa de una transición hacia la democracia.
Desde el 3 de enero, fecha en que Maduro fue detenido y trasladado a una cárcel federal en Nueva York, aproximadamente 700 personas han sido excarceladas. Entre los liberados se encuentran figuras prominentes de la oposición política. Sin embargo, el Foro Penal, una organización no gubernamental venezolana, denuncia que aún permanecen casi 500 presos políticos en las cárceles del país.
Ballesta enfatizó que el gobierno interino de Rodríguez “no ha habido ningún mecanismo, ninguna política adoptada en torno al desmantelamiento real de la política represiva”. La ley de amnistía, aprobada en febrero bajo presión de Estados Unidos, ha sido calificada por Rodríguez como “un acto de grandeza”, pero Amnistía Internacional señala que su aplicación es “discrecional”.
“Se aplica de manera discrecional para decir qué personas deben ser liberadas y quiénes no”, explicó Ballesta, lo que sugiere que la ley no está siendo utilizada de manera imparcial para abordar la situación de los presos políticos. Más de 8,000 personas se han beneficiado de la ley, según cifras oficiales, pero la organización de derechos humanos cuestiona la transparencia y la equidad del proceso.
Además de la aplicación selectiva de la amnistía, Amnistía Internacional ha observado cambios en el gabinete del gobierno interino que “parecieran apuntar a una consolidación de algún tipo de control” sobre la población. Estos cambios, según la organización, sugieren que el nuevo gobierno no está priorizando el desmantelamiento de las estructuras represivas.
Un ejemplo de esta falta de compromiso con el cambio es el caso de la cárcel del Helicoide, un centro de detención conocido por sus condiciones inhumanas y las denuncias de tortura. Poco después de asumir el poder, Rodríguez anunció el cierre del Helicoide como parte de un proceso de “reconciliación nacional”. Sin embargo, Amnistía Internacional informa que el centro de detención continúa funcionando, lo que contradice las declaraciones del gobierno interino.
El informe anual de Amnistía Internacional, que abarca el período 2025 y lo corrido de 2026, describe “un panorama generalizado de violaciones a los derechos humanos” en todo el mundo. La organización también advierte que los sistemas internacionales de protección de los derechos humanos están siendo sometidos a “ataques constantes”, lo que dificulta aún más la defensa de los derechos fundamentales.
La situación en Venezuela es particularmente preocupante, ya que el cambio de gobierno no ha resultado en una mejora significativa en la situación de los derechos humanos. Amnistía Internacional insta al gobierno interino de Rodríguez a tomar medidas concretas para desmantelar el aparato represivo, garantizar la liberación de todos los presos políticos y proteger los derechos de la población venezolana.
La organización también hace un llamado a la comunidad internacional a mantener la presión sobre el gobierno interino para que cumpla con sus obligaciones en materia de derechos humanos y a brindar apoyo a las organizaciones de la sociedad civil que trabajan en la defensa de los derechos fundamentales en Venezuela. La detención de Maduro y la llegada de un nuevo gobierno representaron una oportunidad para avanzar hacia una sociedad más justa y democrática en Venezuela, pero Amnistía Internacional advierte que esta oportunidad podría perderse si no se toman medidas urgentes para abordar la situación de los derechos humanos.
La falta de transparencia en la aplicación de la ley de amnistía y la continuidad de las prácticas represivas plantean serias dudas sobre el compromiso real del gobierno interino con el respeto a los derechos humanos. La organización de derechos humanos continuará monitoreando de cerca la situación en Venezuela y denunciando cualquier violación a los derechos fundamentales. La comunidad internacional debe estar atenta a la evolución de la situación y tomar las medidas necesarias para garantizar que se respeten los derechos de todos los venezolanos.
