Este martes, diputados de la bancada Raíces presentaron ante el Congreso de la República la Iniciativa de Ley número 6759, con el objetivo de reformar el procedimiento especial de aceptación de cargos. La propuesta busca asegurar que los beneficios penales otorgados a los acusados se traduzcan en un resarcimiento real para las personas afectadas por los delitos.
La iniciativa surge tras una evaluación del Decreto 10-2019, que implementó la aceptación de cargos hace seis años. Si bien este sistema ha agilizado los procesos judiciales –con un promedio de 10.3 sentencias diarias en lo que va de 2026–, la exposición de motivos del proyecto de ley señala que no se está cumpliendo con el propósito de una reparación digna para las víctimas.
Datos del Instituto de la Defensa Pública Penal (IDPP), citados en la propuesta, respaldan esta preocupación. La iniciativa propone modificar el Título VI del Código Procesal Penal (Decreto 51-92) para que la aceptación de cargos no sea simplemente una vía rápida para que los procesados eviten un juicio, sino un mecanismo que garantice tanto la no repetición de los delitos como la compensación por los daños causados.
Entre los delitos que más sentencias han generado bajo este procedimiento se encuentran el robo, la extorsión, lesiones y otros delitos contra la propiedad. La iniciativa ahora será revisada por el Pleno del Congreso y posteriormente será enviada a la comisión correspondiente para su dictamen. Se espera que este debate impulse una reforma que equilibre la eficiencia del sistema judicial con la protección de los derechos de las víctimas.
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