La desaparición de Brenda Kelly Analco Santanero, de 29 años, en Axochiapan, Morelos, tras responder a una oferta de trabajo en redes sociales, ha encendido las alarmas sobre la seguridad de jóvenes que buscan empleo a través de internet. El caso, que se suma al de Saira Ponce García, de 34 años, originaria de Puebla y desaparecida desde el 13 de abril en Jolalpan, expone la tardía respuesta de la Fiscalía General del Estado de Morelos y la creciente preocupación por una posible red de reclutamiento fraudulento.
La madre de Brenda, Eugenia Santaner Ortiz, relata que su hija salió el jueves 16 de abril rumbo a una entrevista en el Parque El Corazón del Niño en Axochiapan, tras contactar una oferta para trabajar en producción de berries con contratos de dos a cuatro meses. La última comunicación fue cerca de las 11:00 horas, cuando el teléfono de Brenda dejó de responder. Testimonios de residentes en el punto de encuentro indican que no existía actividad alguna relacionada con entrevistas laborales.
La denuncia inicial ante autoridades municipales tardó casi 48 horas en ser canalizada a la Fiscalía de Cuautla, lo que, según el abogado de la familia, Jonathan Galicia, complicó la recopilación de pruebas. Galicia denunció públicamente supuestas irregularidades en la atención de la Fiscalía, incluyendo la negativa a reconocer su representación legal y la emisión de una ficha de búsqueda con información incorrecta sobre la fecha de desaparición de Brenda.
Tras la exposición pública de estas fallas, la Fiscalía modificó su postura e informó que realiza un intenso trabajo de búsqueda. Paralelamente, la Fiscalía General del Estado de Puebla activó el Protocolo Alba para localizar a Saira Ponce, solicitando la colaboración de Morelos, ante la sospecha de que también viajó a Axochiapan por una oferta laboral similar.
Eugenia Santaner Ortiz ha hecho un llamado directo a las autoridades de Morelos, pidiendo que destinen todos los recursos necesarios para encontrar a su hija, lamentando la falta de atención debido a su condición socioeconómica. Las autoridades investigan si estos casos forman parte de una modalidad de reclutamiento fraudulento que podría estar vinculada a redes de trata de personas.
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