José Roberto Ulloa Borrero, de 48 años, enfrenta este lunes una audiencia de medidas cautelares tras su detención por el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) como sospechoso de una brutal agresión contra la jueza Kattia Carballo en Heredia el pasado viernes. El incidente, que ha generado consternación, involucró el uso de su perro para morder a la jueza, seguido de una serie de golpes, empujones y arrastre contra el pavimento.
Ulloa, residente de San Pablo de Heredia y administrador de empresas, ya era conocido por las autoridades policiales municipales debido a un historial de altercados con vecinos. Según fuentes de la Policía Municipal consultadas por CR Hoy, el sospechoso ha sido procesado por diversos incidentes, incluyendo la rotura del parabrisas de un vecino, el seguimiento a otra persona, una colisión vehicular y un acto de resistencia a la autoridad durante una detención por una presunta agresión a empleados municipales.
Estos problemas parecen estar relacionados con la academia de natación que Ulloa operaba en la comunidad, la cual ha sido fuente de malestar y ha generado procesos administrativos y judiciales. El administrador intentó, sin éxito, retirar cámaras de seguridad instaladas en el residencial Las Lomas, argumentando que obstaculizaban su negocio. Sus solicitudes fueron rechazadas tanto por la Municipalidad de San Pablo, la Empresa de Servicios Públicos de Heredia, la Fuerza Pública y la Sala Constitucional, quienes consideraron que las cámaras eran esenciales para la seguridad del vecindario.
Además de su domicilio registrado en San Pablo, Ulloa figura recientemente como vecino de otra zona de Heredia, donde presuntamente ocurrieron las agresiones contra la jueza Carballo. Su situación financiera también presenta complicaciones, ya que aparece como demandado en dos causas civiles en el Juzgado de Cobro de Heredia y registra deudas pendientes ante la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).
Ulloa contrajo matrimonio en junio de 2024 y es hijo del exárbitro de primera división Berni Ulloa.
La denuncia detalla un patrón de hostigamiento y agresiones previas a la jueza Carballo. Ulloa posee tres perros, uno de ellos de gran tamaño y color café, a los que pasea sin correa ni bozal. Se le acusa de permitir que su perro grande ingrese al área de juegos infantiles, lo que ha generado preocupación por la seguridad de los niños.
En diciembre de 2025, el perro de Ulloa ingresó al garaje de la jueza, lo que aprovechó el sospechoso para proferirle insultos. El 19 de diciembre, el animal se abalanzó sobre la jueza, y Ulloa volvió a atacarla verbalmente.
El incidente más grave ocurrió el 17 de abril de 2026. Ulloa ingresó al residencial en su vehículo, llevando consigo al perro, que aparentemente tenía una orden sanitaria por ser considerado de alto riesgo. El animal se asomó por la ventana del carro y mordió a Carballo en la rodilla derecha.
Al bajar del vehículo, Ulloa confrontó a la jueza, preguntándole "¿qué le pasa?, ¿por qué le pega al perro?". Posteriormente, comenzó a golpearla con las manos en el pecho, la empujó, la sujetó del cabello, la lanzó al suelo y le propinó tres patadas en la cadera.
La agresión continuó con Ulloa arrastrando a la jueza por el pavimento, restregándole la cara y gritándole insultos. La víctima sufrió lesiones en el codo derecho y las rodillas. Después del ataque, Ulloa se subió a su vehículo con el perro y se alejó, regresando posteriormente en busca de la jueza, aunque no la encontró.
Días antes de los hechos, el 15 de abril de 2026, Ulloa habría amenazado a la jueza con matarla. En otra ocasión, arrojó café caliente a un oficial de policía que era testigo de la denuncia.
La defensa del sospechoso ha alegado que el caso se deriva de un "conflicto vecinal", minimizando la gravedad de las agresiones. Sin embargo, el historial de Ulloa y la detallada denuncia de la jueza Carballo sugieren un patrón de comportamiento violento y hostigamiento.
El OIJ detuvo a Ulloa y este lunes se determinará su situación jurídica. La comunidad de Heredia espera que se apliquen las medidas cautelares necesarias para proteger a la jueza Carballo y a otros posibles afectados por el comportamiento del sospechoso. El caso ha generado un debate sobre la seguridad de los funcionarios judiciales y la necesidad de protegerlos de agresiones y hostigamientos.
