La agricultura cubana se sostiene, en gran medida, sobre el trabajo de jornaleros que operan en la informalidad, sorteando la falta de recursos y la escasa mecanización. Desde Artemisa hasta Sancti Spíritus, hombres y mujeres como José Antonio Martínez, conocido como Cheo, se desplazan de finca en finca, cobrando al contado y sin garantías laborales. Cheo, con más de tres décadas de experiencia, ejemplifica la realidad de muchos: ingresos inmediatos a cambio de renunciar a la seguridad social y la protección legal.
Yudelkis Rodríguez Cabrera, jefe de una brigada eventual en Artemisa, relata la dinámica de este trabajo itinerante, donde la comunicación se basa en el boca a boca y el pago se realiza en efectivo, debido a las dificultades para acceder a servicios bancarios. La Resolución 80 de 2021 y el Decreto Ley 80 de 2024 buscan formalizar esta fuerza laboral, reconociendo la figura del gestor de fuerza de trabajo agropecuario y ofreciendo protección en caso de enfermedad o accidente.
Sin embargo, la realidad dista de la normativa. Muchos jornaleros, como Luis, un ordeñador en Villa Clara, prefieren la libertad de cobrar en efectivo y evitar trámites burocráticos. La falta de incentivos y la desconfianza en las instituciones dificultan la incorporación a la formalidad.
Expertos del Ministerio de Agricultura y la Central de Trabajadores de Cuba reconocen la necesidad de ordenar este sector, pero admiten la complejidad del desafío. La informalidad persiste, creando un problema que podría recaer sobre la asistencia social del Estado en el futuro. La solución pasa por convencer a los jornaleros de los beneficios de la protección social y facilitar el acceso a los servicios financieros.
La situación exige un enfoque integral que involucre a los ministerios de Agricultura y Trabajo, así como a las organizaciones campesinas. Es crucial garantizar condiciones laborales dignas y un futuro seguro para quienes sostienen la producción de alimentos en Cuba. Suscríbete a Noticias lat para más noticias.
