Auditores de la ONPE revelaron que la falta de distribución de material electoral el día de las elecciones no fue únicamente responsabilidad de la empresa contratista, Servicios Especiales Galaga, sino que también hubo fallas significativas por parte de funcionarios de la propia ONPE. El informe, al que tuvo acceso La República, detalla que el domingo 12 de abril, día de los comicios, los implementos necesarios para la instalación de las mesas de votación no fueron repartidos desde el almacén principal de Lurín.
Según el acta levantada por los auditores César Ordóñez Enríquez y Percy Torres Corzo, dos funcionarios de la ONPE, Juan Phang Sánchez e Hilda Otoya Alvarado, confirmaron que no lograron solucionar el problema del transporte del material electoral, lo que impidió la instalación de numerosas mesas de votación en diferentes distritos. Esta situación generó protestas y denuncias de ciudadanos que se vieron imposibilitados de ejercer su derecho al sufragio.
Inicialmente, la ONPE había emitido un comunicado responsabilizando exclusivamente a Servicios Especiales Galaga, adjudicataria del contrato por más de S/6 millones, por no haber proporcionado el número suficiente de vehículos para el traslado del material electoral. Sin embargo, la investigación de los auditores de la ONPE contradice esta versión, señalando la participación directa de funcionarios de la entidad en las deficiencias registradas.
El acta detalla que se constató la presencia de personal de la ONPE recogiendo material electoral, incluyendo 16 computadoras y material de contingencia, que no había sido entregado y permanecía en un vehículo de placa CFS-700, asignado a la ruta 186 de Santiago de Surco. Esta evidencia sugiere una falta de coordinación y control en la distribución del material.
Los auditores también señalaron la reticencia de los funcionarios de la ONPE a proporcionar información sobre los vehículos contratados como reemplazo en caso de emergencia. Servicios Generales Galaga no cumplió con el número total de unidades móviles prometidas, lo que agravó la situación. Los funcionarios precisaron que, según la programación inicial, se contaban con 217 vehículos para el transporte del material electoral y 217 para el transporte de equipos informáticos, pero no pudieron precisar la cantidad de vehículos de contingencia utilizados.
Ante las evidencias, los funcionarios de la ONPE reconocieron que existía material sin distribuir, lo que explica la imposibilidad de instalar algunas mesas de votación. Se mencionó específicamente el caso del colegio Juan Esponiza Medrano, donde el material electoral de las rutas 193 y 202 fue devuelto al local de la ONPE en Calle Los Eucaliptos, Parque Industrial Lurín.
El acta confirma que las deficiencias no fueron causadas únicamente por la empresa proveedora, sino también por los funcionarios de la ONPE encargados de la distribución de los equipos necesarios para la instalación de las mesas de sufragio. Esta revelación pone en tela de juicio la gestión de la ONPE en la organización de las elecciones y plantea interrogantes sobre la responsabilidad de los funcionarios involucrados.
La situación ha generado críticas y llamados a una investigación exhaustiva para determinar las responsabilidades y evitar que se repitan estos problemas en futuros procesos electorales. La transparencia y la eficiencia en la gestión de los recursos son fundamentales para garantizar el derecho al voto de todos los ciudadanos.
La República continuará investigando este caso y brindará información actualizada sobre los avances de la investigación y las medidas que se tomen para solucionar las deficiencias detectadas. El informe de los auditores de la ONPE representa un paso importante para esclarecer los hechos y garantizar la integridad del proceso electoral. La falta de material electoral y la imposibilidad de instalar mesas de votación afectaron el ejercicio democrático de miles de ciudadanos y deben ser investigadas a fondo para evitar que se repitan en el futuro. La ONPE debe tomar medidas urgentes para mejorar la coordinación y el control en la distribución del material electoral y garantizar que todos los ciudadanos puedan ejercer su derecho al voto en igualdad de condiciones.
