Una denuncia penal contra la empresa periodística GRANASA, por supuestos delitos de “asociación ilícita”, ha generado preocupación sobre un intento de silenciar una voz crítica en Ecuador. Expertos legales señalan que la acusación, basada en una disputa societaria, carece de fundamentos técnicos sólidos y busca criminalizar la defensa legal de la empresa.
La denuncia, según análisis de los periodistas Xavier Zavala Egas, Valeria Alvear y Mónica Jara Chérrez, se centra en una transferencia de acciones considerada “ilegal”, sin especificar la norma vulnerada ni cómo esta transgresión justificaría una acusación penal. Se argumenta que el simple hecho de impugnar decisiones o defenderse en la vía legal no constituye un delito, sino un derecho fundamental.
Los analistas enfatizan que el tipo penal de asociación ilícita exige un acuerdo organizado y estable con una finalidad delictiva concreta, algo que no se demuestra en la denuncia. La acusación se basa en adjetivos como “burdo” y “doloso”, sin individualizar el delito perseguido ni los roles de los involucrados.
Se advierte que la utilización del derecho penal para resolver conflictos societarios es un abuso y una forma de intimidación. Litigar y presentar argumentos legales no son delitos, y tratar el ejercicio profesional como sospecha penal busca generar miedo y censura.
La denuncia busca instalar en la opinión pública la idea de que GRANASA es una organización criminal por defender su posición en los ámbitos societario, administrativo y judicial. La empresa tiene derecho a cuestionar decisiones, pedir claridad jurídica y seguir publicando sin que el Estado utilice el derecho penal como un instrumento de represión. Este caso pone en riesgo la libertad de prensa y el derecho a la información en Ecuador.
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