El exdirector de la Dirección Nacional de Investigación Criminal (DNIC), Gonzalo Sánchez, ha realizado acusaciones contundentes sobre la existencia de corrupción generalizada dentro del Poder Judicial de Honduras. Sánchez afirma que se negocian incluso las medidas sustitutivas a la prisión preventiva, revelando una presunta trama de influencias indebidas entre jueces, magistrados y abogados.
Según el exfuncionario, la cercanía social entre operadores de justicia y abogados que llevan casos de relevancia compromete la imparcialidad de los fallos. Sánchez denunció que jueces y magistrados de cortes de apelaciones comparten espacios sociales con estos abogados, participando en reuniones privadas que, a su juicio, generan relaciones comprometedoras. “Aquí hay jueces y magistrados que con este grupo de abogados poderosos se van a los bacanales a beber y a comer… y eso es grave”, enfatizó.
Estas conductas, según Sánchez, afectan la credibilidad del sistema judicial, ya que un juez con este tipo de vínculos difícilmente emitiría fallos en contra de los intereses de sus allegados. El criminólogo también cuestionó la desigualdad en el ejercicio del derecho, preguntándose cómo quedan los abogados honestos que no recurren a sobornos. Denunció supuestos acuerdos entre abogados, fiscales y jueces para favorecer a determinados imputados.
Sánchez citó un caso similar ocurrido en Costa Rica, donde un empleado judicial fue acusado por su relación indebida con un abogado involucrado en procesos judiciales. Además, señaló que en juzgados penales de La Granja, Tegucigalpa, se entregan regalos a jueces durante festividades, evidenciando la normalización de estas prácticas.
En otro orden, Sánchez criticó el cambio en la administración del sistema penitenciario, argumentando que durante la gestión del general Ramiro Muñoz existía mayor control, y que tras los cambios recientes, las llamadas de extorsión desde las cárceles han persistido.
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