Dos funcionarios de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) denunciaron ante la comisaría de Zárate el extravío de ocho actas de votación en el distrito de San Juan de Lurigancho. La ausencia de estos documentos cruciales fue detectada recién el 15 de abril, generando preocupación en torno a la integridad del proceso electoral de 2026.
Según la denuncia policial a la que accedió este medio, el incidente ocurrió en la institución educativa Antenor Orrego, ubicada en la avenida Gran Chimú, durante el desarrollo del proceso electoral. El material electoral extraviado corresponde a la elección de senador nacional de dos mesas de sufragio identificadas con los números 057274 y 057275 instaladas en el referido centro educativo. Estas actas representan la votación de mesas que tienen una capacidad prevista de hasta 300 electores cada una, lo que implica un número significativo de votos potencialmente afectados.
La denuncia fue formalizada por Ángela Aliaga Silvera, coordinadora de mesa, y Juan Alex Núñez Ortiz, coordinador distrital de la zona 3, quienes reportaron que los documentos no fueron hallados dentro del paquete correspondiente. Los funcionarios señalaron que el material había sido entregado inicialmente a Lisbet Cerna Pongo, responsable del local de votación, pero su ausencia se detectó durante una revisión posterior realizada en presencia del personal electoral.
Los denunciantes informaron que el material electoral salió del instituto educativo el 13 de abril con destino a la Oficina Descentralizada (ODPE) de San Juan de Lurigancho. Este traslado estuvo bajo la supervisión de dos personas de la ONPE: Mía Paola Velarde Gutiérrez y Geraldy Nicol Rivera Gómez. Además, estaban acompañadas por un funcionario del Jurado Electoral Especial (JEE) de San Juan de Lurigancho y un miembro de la Policía Nacional.
El parte policial, suscrito por el comisario de Zárate, Daniel Eleodoro Guivar Zumaeta, advierte sobre la presunta comisión del delito contra la administración pública. La investigación se centra específicamente en la modalidad de omisión, rehusamiento o demora en actos funcionales por parte de los involucrados en el manejo de los documentos. Esto sugiere que las autoridades sospechan que el extravío no fue accidental, sino resultado de una negligencia o, incluso, una acción deliberada.
La ONPE aún no ha emitido una declaración oficial sobre el incidente. Sin embargo, fuentes internas de la institución confirmaron que se ha iniciado una investigación interna para determinar las responsabilidades y esclarecer las circunstancias del extravío. Se espera que esta investigación se lleve a cabo en paralelo con la investigación policial, con el objetivo de obtener una imagen completa de lo sucedido.
El extravío de estas actas de votación plantea serias interrogantes sobre la seguridad de los procesos electorales en el país. La pérdida de documentos que contienen la voluntad popular puede socavar la confianza de los ciudadanos en el sistema democrático y generar dudas sobre la legitimidad de los resultados electorales.
Las autoridades electorales deberán tomar medidas urgentes para fortalecer los protocolos de seguridad en el manejo de los documentos electorales, desde su emisión hasta su almacenamiento y custodia. Es fundamental garantizar que todos los involucrados en el proceso electoral sean conscientes de su responsabilidad y que se apliquen sanciones ejemplares a aquellos que incurran en negligencias o actos ilícitos.
Este incidente también pone de relieve la importancia de la transparencia en el proceso electoral. Los ciudadanos tienen derecho a saber cómo se manejan sus votos y a estar seguros de que su voluntad se respeta. La ONPE debe redoblar sus esfuerzos para garantizar la transparencia en todas las etapas del proceso electoral, desde la inscripción de los votantes hasta el conteo de los votos y la proclamación de los resultados.
La investigación policial y la investigación interna de la ONPE deberán determinar si el extravío de las actas de votación fue un hecho aislado o si forma parte de un patrón más amplio de irregularidades. Si se descubre que existen indicios de fraude o manipulación electoral, las autoridades deberán actuar con firmeza para llevar a los responsables ante la justicia y garantizar que se respeten los principios democráticos.
El caso de San Juan de Lurigancho sirve como una advertencia para las autoridades electorales y para la sociedad en general. La defensa de la democracia requiere de la vigilancia constante y del compromiso de todos los ciudadanos. Es fundamental que se tomen medidas para prevenir que incidentes como este se repitan en el futuro y para garantizar que los procesos electorales sean transparentes, seguros y confiables.
