Desde mayo de 2024, el cambio en el modelo de salud para el magisterio colombiano ha generado una crisis que se agudiza con el tiempo. La Procuraduría General de la Nación ha emitido un nuevo llamado de atención al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (Fomag) y a la Fiduprevisora, debido a las graves irregularidades en la prestación del servicio de salud para los docentes oficiales del país, lo que ha provocado constantes protestas y marchas por parte de los educadores.
El Ministerio Público ha constatado que el sistema de salud del magisterio opera actualmente sin contratos formalizados con su red de prestadores. Esta situación ha derivado en un incremento sostenido de quejas por fallas en la atención médica, generando malestar y movilizaciones a nivel nacional. La falta de contratos claros y actualizados genera incertidumbre y pone en riesgo la calidad de la atención que reciben los más de 830.000 afiliados al sistema.
Paralelamente, el Fomag ha presentado una denuncia penal ante la Fiscalía General de la Nación contra la empresa Sumimedical S.A.S., su anterior contratista tecnológico y prestador de salud. La denuncia acusa a Sumimedical de presuntas irregularidades que habrían puesto en peligro la atención médica de los docentes. Entre las acusaciones se incluyen la cancelación unilateral de servicios médicos, la degradación del sistema tecnológico HORUS, la manipulación de bases de datos y el cobro de intereses sobre intereses que habrían generado una deuda de $127.000 millones sin la autorización correspondiente del Consejo Directivo del Fondo de Prestaciones Sociales ni del Ministerio de Educación Nacional.
La Procuraduría, tras varias mesas técnicas de seguimiento a la implementación del nuevo modelo de salud vigente desde mayo de 2024 , ha determinado que el sistema continúa operando a través de actas de continuidad e instrumentos precontractuales. Esto significa que no se han formalizado los contratos con la red de prestadores, lo que genera riesgos jurídicos, administrativos y patrimoniales para el Fomag. La falta de contratos formales impide garantizar la estabilidad y la calidad del servicio, y expone al fondo a posibles demandas y sanciones.
El ente de control también ha registrado un aumento significativo en el número de peticiones, quejas y reclamos (PQR) presentados por los docentes. Estas quejas se refieren principalmente a dificultades en la entrega de medicamentos, la tramitación de citas médicas, el transporte de pacientes y la prestación oportuna de los servicios de salud. La demora en la entrega de medicamentos y la dificultad para acceder a citas médicas especializadas son algunas de las principales preocupaciones de los docentes.
Ante esta situación, la Procuraduría ha exigido a las directivas del Fomag y a la Fiduprevisora la entrega de los soportes financieros de la entidad y un informe detallado de la contratación de la red de prestadores de servicios de salud para los periodos 2024 a 2026. El objetivo es verificar el cumplimiento de las normas legales y contractuales, y determinar si se han realizado las contrataciones de manera transparente y eficiente.
El nuevo modelo de salud para el magisterio fue implementado por el Gobierno Nacional, con la participación de los ministerios de Educación, de Salud y de Hacienda, a partir del 1 de mayo de 2024. Este modelo implicó el cambio de operadores y la designación de la Fiduprevisora como la entidad encargada de celebrar contratos con los hospitales y clínicas, así como de realizar auditorías para verificar que los cobros por la atención a los usuarios sean justificados. Sin embargo, la falta de experiencia de la Fiduprevisora en la organización de redes de salud ha sido cuestionada por los docentes y las autoridades de control.
La situación actual del sistema de salud del magisterio es crítica y requiere una solución urgente. La falta de contratos formalizados, las irregularidades en la contratación de prestadores y el aumento de las quejas por parte de los docentes ponen en riesgo la salud y el bienestar de los educadores del país. La Procuraduría General de la Nación y la Fiscalía General de la Nación están investigando las posibles responsabilidades penales y administrativas de los funcionarios y empresas involucradas en esta crisis.
El futuro del sistema de salud del magisterio depende de la capacidad del Gobierno Nacional, del Fomag y de la Fiduprevisora para solucionar los problemas existentes y garantizar una atención médica de calidad para los docentes. Es fundamental que se formalicen los contratos con la red de prestadores, se investiguen y sancionen las irregularidades detectadas, y se implementen mecanismos de control y seguimiento para prevenir futuros problemas. La salud de los docentes es un derecho fundamental que debe ser protegido y garantizado por el Estado.
