Estados Unidos anunció este jueves un endurecimiento de su política de visados para ciudadanos de América Latina y el Caribe, afectando inicialmente a 26 personas, aunque no se han revelado sus identidades ni nacionalidades. La medida, según un comunicado del Departamento de Estado, busca negar a “potencias adversarias” la capacidad de amenazar la seguridad y la prosperidad estadounidense en la región.
Esta política ampliada representa una extensión de las restricciones de visados ya existentes, utilizadas previamente por la administración Trump. Un caso notable fue el del presidente colombiano Gustavo Petro, a quien se le retiró el visado en octubre de 2023 tras participar en una manifestación en Nueva York durante la Asamblea General de la ONU. Posteriormente, se impusieron sanciones a Petro y a miembros de su familia por presuntos vínculos con el narcotráfico.
Las sanciones contra Petro fueron levantadas más tarde, en el contexto de una normalización de las relaciones entre ambos gobiernos que culminó con una invitación a Petro a la Casa Blanca. El Departamento de Estado enfatizó que no está obligado a divulgar los nombres de las personas afectadas por la nueva política, citando motivos de confidencialidad.
La nueva medida permitirá restringir las visas de ciudadanos de la región que financien, apoyen significativamente o lleven a cabo actividades consideradas adversas a los intereses de Estados Unidos en el hemisferio. El comunicado del Departamento de Estado no especifica qué tipo de actividades se consideran “adversas”, dejando un amplio margen de interpretación. La administración actual continúa utilizando la prerrogativa de otorgar o revocar visados como herramienta de política exterior, siguiendo la línea establecida en administraciones anteriores.
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