El Gobierno nacional presentó un recurso extraordinario per saltum ante la Corte Suprema de Justicia para revertir la suspensión cautelar de más de 80 artículos de la reforma laboral, medida dictada por un juez del fuero laboral a solicitud de la Confederación General de Trabajadores (CGT). La acción, impulsada por la Procuración del Tesoro de la Nación, busca una resolución rápida del conflicto y cuestiona la validez de la decisión de primera instancia.
El Estado argumenta que el juez laboral actuó sin competencia, que la CGT no tenía legitimación activa para presentar el amparo y que la suspensión de la ley vulnera el principio de división de poderes. En un escrito de más de 40 páginas, se detalla que no existía un “caso” concreto ni un perjuicio determinado causado por la aplicación de la reforma, sino una mera preocupación ante su vigencia.
La medida del juez Raúl Horacio Ojeda, del Juzgado Nacional del Trabajo N° 63, había frenado modificaciones en indemnizaciones por despido, modalidades de contratación, banco de horas, vacaciones y contribuciones sindicales, entre otros aspectos. La CGT argumentó que las disposiciones vulneran derechos constitucionales.
El Gobierno ya había logrado un avance al cuestionar la competencia del fuero laboral, logrando que el expediente sea trasladado a la jueza federal Macarena Marra Giménez. Ahora, con este recurso, busca evitar las instancias intermedias y que la Corte Suprema intervenga directamente.
La Procuración del Tesoro remarcó que la CGT impugnó artículos sin identificar un acto concreto de aplicación que le haya causado un perjuicio determinado, y cuestionó su legitimación para representar a todos los trabajadores del país sin demostrar afectación concreta. El gobierno también denunció arbitrariedad en la sentencia, señalando que se basó en “afirmaciones meramente dogmáticas”.
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