La presidenta Claudia Sheinbaum ha convocado a un comité de expertos académicos y científicos para evaluar el uso de la fracturación hidráulica (fracking) en México, una decisión que marca un giro en la política energética y rompe con promesas de campaña previas. La medida, que busca impulsar la soberanía energética, ha generado dudas sobre su neutralidad y si el comité servirá como un verdadero análisis o un mero trámite para legitimar una decisión ya tomada.
El comité, integrado por representantes de la UNAM, UAM, IPN e Instituto Mexicano del Petróleo, tendrá dos meses para emitir su opinión sobre la viabilidad del fracking, una técnica asociada a riesgos ambientales. Académicos han cuestionado la ausencia de voces críticas en el grupo, sugiriendo que podría carecer de objetividad.
La conformación del comité ha generado posturas encontradas. Algunos ven con buenos ojos la inclusión de rectores universitarios, mientras que otros lo consideran una simulación. Expertos como Luca Ferrari, de la UNAM, expresan escepticismo sobre la imparcialidad del comité, mientras que Omar Arellano, también de la UNAM, enfatiza la necesidad de incluir a los sectores sociales en el debate.
La decisión de Sheinbaum contrasta con su postura durante la campaña presidencial, cuando se mostró contraria al fracking. Ahora, argumenta la existencia de nuevas tecnologías “menos dañinas” y la necesidad de basar la discusión en evidencia científica. Sin embargo, expertos como Arellano advierten que no existe un fracking “sustentable” y que los riesgos ambientales persisten.
El gobierno busca presentar esta decisión como una evaluación técnica, buscando amortiguar el costo político. Organizaciones ambientalistas y sectores críticos sospechan que el comité no es el inicio de un debate, sino su conclusión. Existe la percepción de una presión externa, particularmente de Estados Unidos, para que México abra el fracking y reduzca su dependencia del gas importado.
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