Jueces de distrito en la Ciudad de México han rechazado las primeras demandas de amparo presentadas contra la reforma que restringe las llamadas “pensiones doradas” para jubilados y servidores públicos. Los fallos, basados en la interpretación actual de la Ley de Amparo, impiden a los jueces evaluar la constitucionalidad de las modificaciones al artículo 127 de la Constitución Política.
Uno de los recursos, promovido ante el Cuarto de Distrito en Materia Administrativa del Primer Circuito, fue desechado por el juez Ulises Oswaldo Rivera González, quien argumentó que la ley vigente no permite a los jueces analizar la validez constitucional de adiciones o reformas a la Constitución. El juez explicó que, aunque el decreto pudiera vulnerar derechos fundamentales al limitar las pensiones, el marco legal actual lo despoja de la facultad para evaluar la constitucionalidad de la propia Constitución.
Otros juzgados confirmaron el mismo sentido en sus fallos, aunque no publicaron los detalles de sus argumentos.
La reforma al artículo 127 establece que ningún servidor público podrá percibir una remuneración superior a la de su superior jerárquico, a menos que el excedente se justifique por múltiples empleos, trabajo técnico calificado o especialización. Además, las pensiones se ajustarán para no exceder el 50% del salario del titular del Ejecutivo Federal, equivalente a aproximadamente 70 mil pesos mensuales.
Esta semana, extrabajadores de instituciones como Banobras, Banrural, el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado (Indep) y la extinta Luz y Fuerza del Centro (LyFC) presentaron amparos contra esta enmienda, que entró en vigor el 10 de abril. La decisión de los jueces marca un obstáculo inicial para aquellos que buscan revertir los cambios en las pensiones.
Suscríbete a Noticias lat para más noticias.
