La Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) llevó a cabo allanamientos en oficinas del Grupo Roma, el sindicato Unión Recibidores de Granos y Anexos (Urgara) y otras propiedades en Rosario, en el marco de una investigación por lavado de dinero vinculada al tráfico de 750 kilos de cocaína importada a fines de 2025. Los procedimientos fueron ordenados por la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac) y buscan esclarecer el circuito económico utilizado para legitimar activos provenientes del narcotráfico.
La investigación, identificada como FRO 11201/2026, tiene como principal sospechoso a Ariel Fernando Suppa, señalado como organizador y financista de la red. Los allanamientos comenzaron en una antigua sede de la inmobiliaria JR Negocios Inmobiliarios y luego se extendieron a las oficinas del Grupo Roma y Urgara. En este último, el secretario adjunto, Andrés Enz, entregó boletos de compraventa inmobiliaria.
Pablo Cofano, titular del Grupo Roma, comunicó que la medida fue una “presentación” de documentación requerida por la fiscalía, relacionada con la venta de lotes, y negó cualquier irregularidad. La empresa cooperó entregando la información solicitada.
La causa se originó en diciembre de 2024 tras una denuncia por microtráfico en un búnker del norte de Rosario. Once meses de vigilancia y escuchas telefónicas permitieron identificar a Suppa como responsable de los viajes logísticos a Bermejo, Bolivia, principal fuente de abastecimiento de la organización. Entre los últimos meses de 2025, la banda introdujo 750 kilos de cocaína por vía terrestre, utilizando vehículos que registraron infracciones de tránsito y dejando rastros de antenas de celulares en su recorrido.
Además de Suppa y su hermano Hugo Sebastián Suppa, otros operadores clave fueron Marcos José Moreira, Luca Carmelo Fabián Lucente y Juan José Alfonso, encargados de los viajes y la comercialización. Gastón Gómez y José Fabián Ruiz actuaban como subdistribuidores, coordinando el flujo de droga en la región. Trece presuntos miembros de la organización ya se encuentran con prisión preventiva. La investigación actual se centra en rastrear el dinero y las inversiones inmobiliarias presuntamente financiadas con las ganancias del narcotráfico.
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