Según datos del Censo 2023 del Instituto Nacional de Estadística, más de 1.230.000 uruguayos mayores de 25 años no han completado la enseñanza Secundaria, lo que plantea interrogantes sobre la capacidad real de ejercer la soberanía ciudadana en un contexto donde la educación cívica sólida y neutral no está garantizada para todos.
La soberanía popular, pilares del Artículo 4 de la Constitución, se manifiesta a través del voto, la participación y el control de los representantes. Sin embargo, este poder se ve limitado sin el conocimiento, la capacidad crítica y las herramientas para discernir entre hechos y opiniones.
La paradoja reside en que, ante las urnas, un bachiller, un universitario y un ciudadano con estudios primarios tienen el mismo peso, sin que la boleta electoral considere el nivel de instrucción. Por ello, la educación cívica no puede ser un privilegio, sino un derecho universal, continuo y obligatorio en la práctica.
No se trata de extender la escolarización tradicional, sino de asegurar el acceso permanente a una formación cívica libre de dogmas e ideologías partidarias. Esta formación debe incluir el conocimiento de la Constitución, el presupuesto nacional, los mecanismos de control ciudadano, la separación de poderes y la distinción entre información verificable y propaganda.
La falta de esta formación neutra genera decisiones basadas en emociones y lealtades, sin análisis serenos ni contexto histórico. Esta carencia no es responsabilidad del ciudadano, sino una falla del sistema educativo.
Países con democracias consolidadas han implementado sistemas de educación cívica accesibles en centros comunitarios, plataformas digitales y campañas institucionales, sin afiliación partidaria. Uruguay tiene la oportunidad de liderar en este campo, creando un sistema nacional de educación cívica para adultos, accesible, gratuito, descentralizado y neutral.
El objetivo es formar ciudadanos soberanos capaces de cuestionar a todos los poderes, no seguidores de ninguna corriente. La calidad de la deliberación democrática, y por ende la verdadera soberanía, depende de que cada uruguayo pueda ejercer su derecho a saber, razonar y decidir con libertad.
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