El Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha anunciado este martes una flexibilización significativa de las sanciones impuestas a Venezuela, permitiendo transacciones financieras con cuatro entidades bancarias estatales, incluido el Banco Central. La medida también implica la exclusión de Reinaldo Muñoz, ex procurador y vicepresidente venezolano, de la lista negra de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), tras su reciente renuncia al cargo.
Las dos licencias emitidas por Bradley T. Smith, director de la OFAC, autorizan una amplia gama de operaciones financieras previamente prohibidas bajo las regulaciones de sanciones a Venezuela, implementadas desde 2017. Este cambio se produce en un contexto de normalización de las relaciones diplomáticas entre Washington y Caracas, tras la operación que llevó a la sustitución de Nicolás Maduro por Delcy Rodríguez como presidenta interina en enero.
Los bancos autorizados a operar son el Banco Central de Venezuela, el Banco de Venezuela S.A., el Banco Digital de los Trabajadores y el Banco del Tesoro, extendiéndose la autorización a cualquier entidad con una participación superior al 50% en estos. La medida permitirá a bancos corresponsales, procesadores de pagos y plataformas de remesas con sede en Estados Unidos prestar servicios a estas entidades venezolanas, facilitando transferencias bancarias, cambio de divisas y otras operaciones financieras esenciales.
Esta decisión responde a las demandas de la presidenta Rodríguez por un alivio financiero, aunque no implica un levantamiento total de las sanciones. La OFAC aclara que el desbloqueo de activos no está autorizado y que cualquier transacción no contemplada expresamente seguirá prohibida. Las sanciones individuales contra funcionarios señalados por corrupción o narcotráfico permanecen vigentes, con excepción de Delcy Rodríguez, a quien Trump levantó las sanciones recientemente.
El Departamento del Tesoro, bajo la dirección de Scott Bessent, está adoptando una estrategia de palo y zanahoria , abriendo la mano a medida que Venezuela envía petróleo a Estados Unidos y realiza reformas económicas. El creciente interés de empresas estadounidenses en invertir en Venezuela, buscando garantías de seguridad jurídica, también influye en esta flexibilización.
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