La Fiscalía General de la Nación acusó formalmente al exalcalde de Tunja, Mikhail Krasnov, junto con la exdirectora de contratación Luz Mila Acevedo Galán, la exgestora social Sara Catalina Pedraza Canaría y el particular Miguel Ángel Ruiz Suárez, por presuntas irregularidades en la celebración de contratos de prestación de servicios. La investigación apunta a que estas acciones se llevaron a cabo con el objetivo de que un abogado retirara una demanda de nulidad presentada contra el propio Krasnov.
Según la Fiscalía, los acusados coordinaron la vinculación de la administración municipal con el abogado Juan Sebastián Ramírez García, quien ya enfrenta cargos por estos hechos. Se establecieron dos contratos a través de la empresa pública Ecovivienda, el primero por 19 millones de pesos en febrero de 2024, que no se ejecutó, y un segundo por más de 50 millones de pesos, justificado como apoyo jurídico y enlace con la Alcaldía.
La Fiscalía reveló que los trámites contractuales se iniciaron después de la presentación de la demanda de nulidad y culminaron con su retiro. Además, se investiga una posible amenaza del exalcalde al gerente de Ecovivienda para forzar la celebración del contrato y la emisión de un documento exculpatorio.
Aunque Krasnov, nacionalizado colombiano, participó en la audiencia de manera virtual, la Fiscalía aclaró que aún no se ha determinado si tenía conocimiento directo de la celebración de los contratos. Los cargos imputados incluyen interés indebido en la celebración de contratos y amenazas a testigos, delitos que podrían acarrear penas de prisión de hasta 12 años, y hasta 8 años adicionales por las amenazas.
Krasnov, quien fue destituido de su cargo, llegó a Colombia en 2008 y se estableció en Tunja, donde se desempeñó como profesor universitario antes de ser elegido alcalde en 2023 con el aval del partido La Fuerza. Su futuro en Boyacá es incierto, tras enfrentar varios escándalos relacionados con favorecimiento en licitaciones públicas.
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