La Corte Suprema de Justicia (CSJ) anuló aproximadamente 180 nombramientos realizados en febrero por la ex-presidenta Rebeca Ráquel Obando, desatando una controversia en la que la propia Obando defiende la legalidad de sus acciones. La ex-funcionaria argumenta que la anulación de los nombramientos vulnera el decreto 5-2011, el cual le otorgaba plenas facultades para realizar dichas designaciones hasta el 20 de febrero, fecha en que se publicaron las reformas aprobadas por el Congreso Nacional.
Obando reveló que se le presentaron dos opciones: anular todos los nombramientos (cerca de 190) o limitarlos a partir del 1 de febrero, opción que considera incorrecta y una merma a sus facultades. Insiste en que una auditoría interna determinará si las personas nombradas cumplen con los requisitos, expresando su confianza en que la mayoría sí lo hacen.
La ex-presidenta admitió que tomó la decisión de no someterse a un juicio político “a último minuto”, una decisión motivada por proteger a su familia de posibles repercusiones. Aseguró que no ha cometido ningún delito y que existen “cosas que no pueden salir a luz pública”, evitando dar detalles sobre las razones detrás de su renuncia.
Obando criticó la falta de concursos abiertos para cubrir vacantes en el Poder Judicial, señalando que el último concurso se realizó en 2023 para convalidar cargos existentes. Instó a fortalecer la independencia del Poder Judicial para garantizar un estado de derecho sólido en Honduras. Subrayó que sus acciones siempre se realizaron en favor de la justicia y buscando una respuesta pronta y transparente a las necesidades del sistema judicial.
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