La Asamblea Legislativa avanza en la discusión de un proyecto de ley que podría prohibir el uso de redes sociales a menores de 14 años. La iniciativa, dictaminada favorablemente por la Comisión de Juventud, Niñez y Adolescencia, busca proteger a los niños y adolescentes de los riesgos asociados al mundo digital, incluyendo el grooming, contenido inapropiado y la publicidad dirigida.
El proyecto de ley, presentado por la diputada María Marta Carballo del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), establece que los menores de 14 años solo podrán acceder a servicios o versiones infantiles certificadas y diseñadas específicamente para su edad, con control parental activo y sin funciones que fomenten la adicción. Además, se prohíbe la publicidad personalizada basada en los datos de los menores.
La propuesta responsabiliza a padres, encargados legales, tutores, al Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones (Micitt), a la Superintendencia de Telecomunicaciones (Sutel) y a las plataformas digitales de garantizar el cumplimiento de la prohibición, una vez que sea aprobada.
El texto también aborda el uso de redes sociales por parte de jóvenes entre 14 y 18 años. En este caso, las plataformas deberán implementar medidas robustas para verificar la edad de los usuarios, incluyendo la verificación por terceros y el uso de credenciales digitales. Para crear cuentas, perfiles o páginas en redes sociales, los jóvenes de esta edad deberán contar con la autorización verificable de sus padres o encargados.
Las obligaciones de las plataformas digitales no se limitan a la verificación de edad y la autorización parental. El proyecto de ley también establece la necesidad de implementar la detección proactiva de grooming y contenido sexual o violento dirigido a menores. Asimismo, las plataformas deberán responder con prioridad a los requerimientos del Patronato Nacional de la Infancia (PANI) y del Organismo de Investigación Judicial (OIJ).
Para facilitar la supervisión parental, las plataformas deberán ofrecer paneles de control que permitan a los padres o encargados acceder a reportes de actividad, establecer límites de tiempo de uso, bloquear contactos y activar un modo escuela durante el horario lectivo.
La iniciativa surge en un contexto de creciente preocupación por los efectos negativos de las redes sociales en el desarrollo de niños y adolescentes. Casos como el de Junieysis Merlo, han puesto de manifiesto la vulnerabilidad de los menores ante los peligros del mundo digital y la necesidad de tomar medidas urgentes para protegerlos.
La diputada Carballo ha enfatizado la importancia de equilibrar el derecho de los jóvenes a la libertad de expresión y acceso a la información con la necesidad de protegerlos de los riesgos que plantea el entorno digital. No se trata de prohibir el acceso a la tecnología, sino de garantizar que los menores puedan utilizarla de forma segura y responsable , afirmó la legisladora.
El proyecto de ley ha generado un debate entre expertos en tecnología, pedagogos y representantes de organizaciones de la sociedad civil. Algunos argumentan que la prohibición total del uso de redes sociales a menores de 14 años podría ser contraproducente, ya que podría llevar a los niños a utilizar plataformas de forma clandestina, sin la supervisión de sus padres. Otros, en cambio, sostienen que la prohibición es necesaria para proteger a los menores de los riesgos más graves.
La discusión en el plenario legislativo, donde se votará en primer y segundo debate, se espera que sea intensa. Se anticipa que se presentarán enmiendas al proyecto de ley, con el objetivo de encontrar un equilibrio entre la protección de los menores y el respeto a sus derechos.
El futuro del proyecto de ley es incierto, pero su avance en la Comisión de Juventud, Niñez y Adolescencia representa un paso importante en la búsqueda de soluciones para proteger a los niños y adolescentes de los peligros del mundo digital. La aprobación de la iniciativa podría sentar un precedente importante en la regulación del uso de redes sociales por parte de menores de edad, no solo en Costa Rica, sino también en otros países de la región.
La iniciativa busca, en última instancia, crear un entorno digital más seguro y responsable para los niños y adolescentes, permitiéndoles aprovechar los beneficios de la tecnología sin exponerse a los riesgos que plantea. La implementación efectiva del proyecto de ley requerirá la colaboración de todos los actores involucrados: padres, encargados legales, tutores, plataformas digitales, el Micitt, la Sutel, el PANI y el OIJ. Solo a través de un esfuerzo conjunto se podrá garantizar la protección de los menores en el mundo digital.
