En lo que va del 2026, varios bienes culturales en San José han sufrido daños significativos, ya sea por actos vandálicos o accidentes de tránsito. El incidente más reciente, ocurrido esta semana, involucró disparos contra la fachada de la Biblioteca Nacional, causando daños a cinco ventanales y múltiples impactos en la estructura. Aunque la Biblioteca Nacional no tiene declaratoria patrimonial, su importancia histórica y cultural como depositaria del patrimonio documental costarricense es innegable, según José Fernando Madrigal, director del Centro de Patrimonio Cultural.
Este ataque se suma a una serie de incidentes que han afectado otros sitios emblemáticos. El Edificio Metálico sufrió daños en una de sus puertas por el impacto de un vehículo, mientras que la estatua de León Cortés en La Sabana fue severamente dañada tras ser colisionada por una camioneta. Incluso el Teatro Popular Melico Salazar fue objeto de grafitis durante una manifestación.
La ley costarricense es clara: el artículo 20 de la Ley 7555 de Patrimonio Histórico y Arquitectónico establece una pena de entre uno y tres años de prisión para quienes dañen un bien patrimonial. En todos los casos mencionados, se han presentado denuncias ante la Fiscalía.
Madrigal enfatizó la necesidad de fortalecer la valoración de los bienes patrimoniales y la importancia de la educación y la conciencia ciudadana. Reconoció la imposibilidad de vigilar permanentemente todos los bienes, por lo que el enfoque debe estar en crear una conexión real entre las personas y estos espacios, recordándoles que son el reflejo de la historia y la identidad del país.
Las audiencias en la Asamblea Legislativa sobre los daños detectados durante la intervención del Teatro Nacional, y la orden de la Sala Constitucional de suspender las obras de restauración por daños irreversibles, evidencian la preocupación por la preservación del patrimonio.
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