El Gobierno de La Pampa presentó un amparo colectivo ambiental ante el Juzgado Federal de Santa Rosa solicitando la suspensión de la ley que modificó el régimen de protección de glaciares. La demanda, impulsada en conjunto con la Universidad Nacional de La Pampa, la Fundación Chadileuvú y la Asamblea por los Ríos Pampeanos, busca declarar la inconstitucionalidad y nulidad de la norma sancionada por el Congreso Nacional.
El gobernador Sergio Ziliotto encabezó el anuncio, confirmando que la provincia avanzará con acciones legales para defender sus derechos sobre el agua y el ambiente. He tomado la decisión de presentar un amparo colectivo ambiental ante el Juzgado Federal de Santa Rosa , declaró el mandatario durante una conferencia de prensa en Casa de Gobierno.
La presentación argumenta que la reforma legislativa vulnera derechos fundamentales relacionados con el ambiente, el agua y la salud, además de contradecir principios establecidos en la Constitución Nacional y en tratados internacionales de los que Argentina es signataria. Ziliotto enfatizó que la norma lesiona derechos ambientales colectivos consagrados en la Constitución Nacional y en convenciones internacionales y advirtió sobre la violación del principio de no regresión ambiental, contemplado en el Acuerdo de Escazú. Estamos planteando la inconstitucionalidad y nulidad absoluta de la ley que ha sancionado el Congreso de la Nación , afirmó con firmeza.
El gobernador advirtió sobre las consecuencias directas que la ley podría tener para la provincia de La Pampa y sus habitantes. Esta es una ley que va a afectar muchísimo a la provincia de La Pampa, a todos los habitantes sin distinción. Es una ley que nos va a quitar nuestros derechos sobre el agua y va a perjudicar el ambiente , señaló. La preocupación central radica en la dependencia de la provincia del río Colorado, de origen glacial, para el abastecimiento de agua. Ziliotto proyectó que la nueva ley podría reducir el caudal del río, afectando el suministro a las zonas donde vive el 45% de la población pampeana, y poniendo en riesgo la posibilidad de ampliar el acceso al agua a través del proyecto de acueducto hacia el norte de la provincia.
La fiscal de Estado, Romina Schmidt, detalló que la elaboración del amparo se inició incluso antes de la sanción de la ley, evidenciando la preocupación temprana del gobierno provincial. Schmidt también cuestionó la validez del proceso de participación ciudadana en la elaboración de la norma. Las audiencias públicas no fueron audiencias reales que cumplan con el Tratado de Escazú , afirmó, refiriéndose a las deficiencias en la consulta y participación pública exigidas por el acuerdo internacional.
La demanda solicita la declaración de inconstitucionalidad, inconvencionalidad y nulidad de la ley, junto con la emisión de una medida cautelar que suspenda su aplicación inmediata mientras se resuelve la cuestión de fondo. El daño que tiene la provincia de La Pampa no es un daño abstracto, es un daño real , advirtió Schmidt, subrayando la urgencia de proteger los recursos hídricos de la provincia.
El planteo legal sostiene que la reforma implica un retroceso en la protección ambiental, afectando el derecho a un ambiente sano, pudiendo alterar el caudal y la calidad del agua, y generando un impacto negativo en el desarrollo provincial. En este sentido, se solicita que se mantenga vigente el régimen anterior de protección de glaciares mientras se tramita la causa, y que el Estado Nacional se abstenga de aplicar la nueva ley.
Paralelamente a la acción emprendida por La Pampa, diversas organizaciones ambientalistas han comenzado a organizar presentaciones judiciales propias. La Fundación Ambiente y Recursos Naturales, la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas y Greenpeace han convocado a la ciudadanía a sumarse a una demanda colectiva con el objetivo de frenar la aplicación de la reforma y reabrir el debate sobre la protección de los recursos hídricos a nivel nacional. Las organizaciones consideran que la discusión se traslada ahora al ámbito judicial y buscan ampliar el alcance del reclamo con la participación de ciudadanos de todo el país.
La presentación del amparo por parte de La Pampa representa un desafío directo a la ley recientemente sancionada y anticipa una batalla legal que podría tener implicaciones significativas para la protección de los glaciares y los recursos hídricos en Argentina. La provincia se posiciona como defensora de sus derechos sobre el agua y del ambiente, buscando garantizar el acceso a este recurso vital para sus habitantes y el desarrollo sostenible de su territorio. La decisión del gobierno pampeano, respaldada por instituciones académicas y organizaciones sociales, refleja la creciente preocupación por el impacto de la reforma en la disponibilidad de agua y la preservación del ambiente en todo el país.
