El gobierno del Presidente José Antonio Kast se encuentra bajo la lupa de la Contraloría General de la República tras una presentación de legisladores socialistas que denuncian el incumplimiento de una ley que exige exámenes de consumo de drogas a las autoridades de Estado. El artículo 110 de la Ley N° 21.806 establece que todos los ministros, subsecretarios, delegados presidenciales, secretarios regionales ministeriales y jefes de servicio deben someterse a estos controles al asumir sus cargos, y repetirlos al menos dos veces al año. Los resultados de estos exámenes deben ser públicos.
La denuncia surge de la observación de que las actuales autoridades, que llevan más de un mes en funciones, no habrían realizado los exámenes obligatorios al momento de asumir. Esta situación se agrava con los casos de seremis que fueron removidos poco después de su nombramiento, sin que se haya acreditado que se hayan sometido al test.
La senadora Daniella Cicardini (PS) y los diputados Daniel Manouchehri y Juan Santana (ambos también socialistas) solicitaron a la Contralora Dorothy Pérez una investigación para verificar el cumplimiento de la ley y determinar el alcance temporal de la obligación legal. “Si el gobierno ha señalado que su prioridad es la seguridad, entonces tiene que actuar con coherencia”, declaró la senadora Cicardini, cuestionando la falta de información sobre los resultados de los exámenes.
Los legisladores socialistas enfatizan que la transparencia es fundamental y que el gobierno debe informar si los exámenes se realizaron y, en caso afirmativo, publicar los resultados. De no ser así, deben explicar las razones del incumplimiento. “Aquí no hay espacio para interpretaciones cómodas ni para silencios administrativos”, añadió el diputado Santana.
La ley, de carácter permanente, establece que el examen debe realizarse a través de una muestra biológica de pelo. Suscríbete a Noticias lat para más noticias.
