El gobierno cubano enfrenta un desafío crítico en su programa energético nacional, exacerbado por el recrudecimiento del bloqueo económico, financiero y energético impuesto por Estados Unidos. A la escasez de combustibles y recursos se suma un preocupante aumento en los actos de sabotaje, dirigidos a infraestructuras clave del Sistema Electroenergético Nacional (SEN). Personas inescrupulosas están sustrayendo componentes, piezas, recursos, combustibles y aceite dieléctrico de parques fotovoltaicos, paneles solares y grupos electrógenos, afectando directamente el suministro eléctrico y la estabilidad económica del país.
Estos actos delictivos han sido tipificados como sabotaje, según el Artículo 125 de la Ley No. 151, Código Penal (22 de mayo de 2022), que establece penas de privación de libertad de 7 a 15 años para quienes obstaculicen el funcionamiento de medios e instalaciones destinadas a garantizar fuentes energéticas y su transmisión. La severidad de las sanciones se incrementa significativamente si los actos provocan lesiones graves, muerte, involucran el uso de fuego o explosivos, generan consecuencias graves o ponen en peligro la seguridad colectiva, pudiendo alcanzar desde 10 a 30 años de prisión, privación perpetua o incluso la pena de muerte.
El Consejo de Gobierno del Tribunal Supremo Popular, a través del Dictamen número 475, de 23 de mayo de 2025, ha reafirmado que los ataques a infraestructuras críticas, incluyendo el SEN, constituyen sabotaje, protegiendo así la seguridad y estabilidad del Estado, el orden interno y las actividades prioritarias para el país, como el programa energético. Esta postura legal subraya la gravedad con la que el gobierno cubano considera estas acciones en el contexto actual.
El Código Penal también contempla agravantes en estos delitos, según el Artículo 80, como la participación de tres o más personas, la implicación de menores de 18 años, la comisión de los hechos durante la noche, la motivación de lucro o la influencia de alcohol o drogas. Además, el Artículo 89, apartado 2, exige que los condenados cumplan al menos dos tercios de la pena antes de ser elegibles para la libertad condicional, reforzando la política de mano dura contra estos delitos.
Las Salas de los Delitos contra la Seguridad del Estado de los tribunales provinciales populares han aplicado rigurosamente estas leyes entre enero y diciembre de 2025, y durante el primer trimestre de 2026. En todos los casos juzgados por estos delitos, se han impuesto condenas de privación de libertad superiores a los diez años. Además de las penas de prisión, los tribunales han aplicado sanciones accesorias como la prohibición de frecuentar determinados lugares, el comiso y la confiscación de bienes, la prohibición de salir del territorio nacional y el pago de la responsabilidad civil por los daños causados.
Los tribunales han garantizado el cumplimiento del debido proceso y las garantías constitucionales (Artículos 94 y 95 de la Constitución de la República) en todos los casos, asegurando la legalidad y transparencia de los juicios. La aplicación estricta de la ley responde a la alta lesividad social de estas conductas, especialmente en un momento de bloqueo económico y crisis energética.
Las autoridades cubanas han reiterado su llamado a la población a denunciar cualquier acto que atente contra las infraestructuras críticas, enfatizando que esta es una responsabilidad ciudadana esencial para el bienestar colectivo y el funcionamiento de la economía nacional. La colaboración ciudadana se considera fundamental para combatir este tipo de delitos y proteger los recursos energéticos del país.
El gobierno cubano continúa trabajando en el fortalecimiento del programa energético nacional, a pesar de las dificultades impuestas por el bloqueo estadounidense. La inversión en fuentes de energía renovable, como la energía solar, y el mantenimiento de las infraestructuras existentes son prioridades clave. Sin embargo, el éxito de estos esfuerzos depende en gran medida de la seguridad de las instalaciones y la colaboración de la población para prevenir y denunciar los actos de sabotaje. La situación actual exige una respuesta unificada y decidida para proteger el suministro eléctrico y garantizar el bienestar de la ciudadanía cubana. La lucha contra el sabotaje energético se presenta como un frente crucial en la resistencia del país frente al bloqueo y la búsqueda de un futuro energético sostenible.
