Tras 45 días de la aprobación de la ley de amnistía en Venezuela, familiares de detenidos han continuado con vigilias frente a cárceles, a la espera de la liberación de cientos de presos políticos, según denuncian organizaciones de derechos humanos. Si bien las autoridades informan haber excarcelado a más de 250 personas y liberado plenamente a cerca de 8.000 que aún tenían medidas cautelares, el proceso se ha ralentizado significativamente en las últimas semanas.
Organizaciones como Foro Penal y la ONG Justicia, Encuentro y Perdón (JEP) han expresado su preocupación por la lentitud del proceso. Una de las principales dificultades radica en la falta de una lista oficial de detenidos publicada por el gobierno, lo que impide un seguimiento preciso de los casos pendientes y obliga a las organizaciones civiles a realizar su propio monitoreo.
A fines de marzo, Foro Penal reportó que 503 presos políticos permanecen encarcelados, y en muchos casos se les niega la designación de abogados de confianza. Gonzalo Himiob, vicepresidente de Foro Penal, señaló a EFE que desde hace aproximadamente dos semanas se ha visto que ha bajado significativamente el número de personas liberadas con la amnistía . El último balance de la organización registró 34 excarcelaciones, en comparación con las 55 del reporte anterior. Himiob advirtió que, si el proceso no se acelera, parecería evidente que el Gobierno no tendría verdadera voluntad política de hacer cesar la prisión y la persecución política .
JEP, por su parte, contabilizó 679 detenidos por motivos políticos a fines de marzo y denunció en un comunicado que, a pesar de los anuncios oficiales y las medidas recientes, no existe un cambio sustancial en la situación . La ONG informó que, en los últimos 11 días, solo se han registrado 10 excarcelaciones, lo que representa un ritmo sumamente limitado en relación con la magnitud del problema.
JEP también criticó que las liberaciones son aisladas y discrecionales, sin responder a una política estructural orientada a garantizar derechos , y denunció que la privación de libertad por motivos políticos sigue siendo utilizada como mecanismo de control . En este contexto, la organización ha reclamado al gobierno un indulto procesal como una vía constitucional más expedita que no esté sujeta a los tiempos judiciales.
Líderes sindicales, que han convocado a una marcha para este jueves, también han denunciado que algunos representantes gremiales no se han visto beneficiados por la amnistía.
CNN ha consultado al gobierno de Venezuela sobre las denuncias de las ONG y está a la espera de una respuesta.
El diputado Jorge Arreaza, presidente de la comisión legislativa encargada de dar seguimiento a la ley, declaró el 28 de marzo a Telesur que había recibido 13.685 solicitudes, aunque algunas eran repetidas, lo que resultó en 11.401 personas. Sin embargo, el asambleísta no explicó los motivos por los cuales más de 3.000 solicitudes fueron rechazadas o aún están pendientes de respuesta. Arreaza aseguró que, en esta nueva etapa, se realizarán las correcciones necesarias y enfatizó la importancia de la unidad de la Revolución Bolivariana .
La comisión fue instalada a propuesta de la sociedad civil durante el debate del proyecto de ley, pero la verificación no quedó vinculada a instituciones como la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU, la Cruz Roja, la Iglesia, comités de víctimas y otros organismos civiles.
Óscar Murillo, coordinador general de la ONG Provea, criticó la falta de transparencia en el proceso: Entonces, hoy día esta comisión lanza una cifra, 6.000, 5.000 solicitudes, dimos tanto (beneficios). Yo no puedo decir que es mentira, pero tampoco la puedo verificar, porque no hay posibilidad de contrastar ni de verificar esa cifra . Murillo agregó que el proceso ha estado enlodado en burocracia, en actitudes y respuestas discrecionales (de) a unos sí, a otros no .
Mientras tanto, los familiares de los detenidos continúan con sus movilizaciones. El viernes realizaron un Via Crucis por siete templos de la capital para exigir respuestas a las autoridades. El domingo, incendiaron un muñeco de hojas y tela como parte de la tradicional quema de judas, coreando consignas de justicia y libertad. Ni uno, ni dos, ¡que sean todos! , cantaron los manifestantes afuera del Helicoide, una prisión conocida por denuncias de tortura y condiciones inhumanas.
La situación plantea serias dudas sobre la efectividad y la verdadera intención detrás de la ley de amnistía, dejando a cientos de familias en la incertidumbre y a las organizaciones de derechos humanos en alerta ante la posibilidad de que el proceso se convierta en una mera herramienta de propaganda política. La falta de transparencia y la discrecionalidad en las liberaciones alimentan el escepticismo y la desconfianza en el gobierno venezolano.
