Un segundo teniente de la Policía Nacional, Franklin Rodríguez Rondón, fue enviado a prisión preventiva por un período de dos meses, acusado de perjurio en un caso judicial en La Romana. La decisión fue tomada por una jueza de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de La Romana, tras analizar las evidencias presentadas por el Ministerio Público.
El fiscal John Mota Javier sustentó la solicitud de medida de coerción, demostrando ante la jueza Margarita Cristo Cristo que Rodríguez Rondón mintió bajo juramento durante una audiencia judicial en la que se desempeñaba como víctima y testigo. Los hechos se remontan al 19 de febrero de 2026, durante el proceso contra Josué Mercedes (alias Vigilito ), quien presuntamente disparó a una patrulla policial en 2020.
Según el expediente, Josué Mercedes fue arrestado en flagrante delito el 1 de septiembre de 2020, aproximadamente a la 1:25 de la madrugada, mientras se encontraba en el colmado de su propiedad, ubicado en la calle Principal del sector Los Maestros, en Villa Hermosa, La Romana. Los agentes policiales, al acercarse al negocio, alegan que Mercedes reaccionó disparando dos veces con un revólver, mientras profería insultos en contra de los uniformados.
El incidente ocurrió en un contexto de cumplimiento del toque de queda establecido por las autoridades dominicanas como medida para contener la propagación de la COVID-19. Previamente, los policías habían advertido a Mercedes sobre la necesidad de cerrar su negocio debido a la hora. Afortunadamente, los agentes resultaron ilesos durante el altercado.
La acusación de perjurio contra Rodríguez Rondón surge a raíz de su testimonio durante el juicio contra Mercedes el pasado mes de febrero. El Ministerio Público argumenta que el oficial emitió declaraciones falsas con el objetivo de beneficiar al acusado. Como resultado de este testimonio, Josué Mercedes fue absuelto, una sentencia que el órgano persecutor ha anunciado que apelará una vez notificada formalmente.
Específicamente, Rodríguez Rondón afirmó, bajo juramento, que desconocía el motivo de su citación a la audiencia y que no recordaba haber denunciado a Josué Mercedes. Además, negó ser víctima del incidente y alegó no reconocer al imputado ni al cabo González Ramírez, compañero de patrullaje durante el suceso. Incluso, declaró no tener memoria alguna sobre los hechos punibles.
Estas declaraciones contrastan con las declaraciones previas de Rodríguez Rondón en etapas anteriores del proceso, donde había identificado directamente a Josué Mercedes como el autor de los disparos. Esta inconsistencia en su testimonio fue clave para que el Ministerio Público solicitara la medida de coerción.
La investigación por perjurio contra Rodríguez Rondón se inició tras detectar las contradicciones en su testimonio. El 18 de marzo, se ejecutó su arresto en virtud de la orden judicial número 2026-AJ0016335. Posteriormente, fue presentado ante la justicia y, finalmente, se dictó la prisión preventiva en su contra.
El oficial procesado deberá cumplir la medida de coerción en el centro de Operaciones Especiales, ubicado en Manoguayabo, municipio Santo Domingo Oeste. El caso ha generado atención pública debido a la implicación de un miembro de la Policía Nacional en un delito que podría socavar la confianza en el sistema judicial.
La Procuraduría General de la República, a través de una comunicación de prensa, ha reafirmado su compromiso con la búsqueda de la verdad y la justicia, y ha anunciado que continuará investigando cualquier acto que atente contra la integridad del proceso judicial. La apelación de la sentencia absolutoria a favor de Josué Mercedes se espera que arroje nueva luz sobre los hechos y determine la responsabilidad de cada uno de los involucrados.
Este caso pone de manifiesto la importancia de la veracidad de los testimonios en los procesos judiciales y las consecuencias legales que pueden acarrear las declaraciones falsas. La decisión de la jueza de dictar prisión preventiva contra el oficial Rodríguez Rondón envía un mensaje claro de que nadie, independientemente de su posición o cargo, está por encima de la ley. La comunidad espera que este caso se resuelva con transparencia y justicia, y que se haga cumplir la ley de manera rigurosa.
