Una filtración de inteligencia reveló que una organización vinculada al Kremlin financió una extensa campaña de notas en medios digitales argentinos con el objetivo de dañar la imagen del presidente Javier Milei. La investigación, llevada a cabo por un grupo de comunicadores y organizaciones de prensa internacionales, expuso una operación de manipulación mediática que se ejecutó durante al menos seis meses, comenzando en abril de 2024.
Los documentos filtrados, pertenecientes a los servicios de inteligencia rusos, identifican a una estructura denominada "La Compañía" como la responsable de invertir cerca de 283.000 dólares para insertar más de 250 notas y piezas de opinión en al menos 23 portales informativos del país. El análisis local de la documentación estuvo a cargo del sitio Filtraleaks.
El presidente Milei se pronunció sobre la filtración, asegurando que su administración identificará con firmeza a todos los responsables de lo que calificó como una red de espionaje ilegal.
La investigación detalló que el propósito de la operación era moldear la opinión pública argentina mediante la difusión de información falsa que sirviera a los intereses geopolíticos de Moscú. La estrategia coincidió temporalmente con la postura de alineamiento del gobierno argentino en favor de Ucrania en el contexto del conflicto bélico.
La operatoria no se limitó a la prensa digital. La investigación también comprobó pagos a simpatizantes del club Huracán para que desplegaran una bandera con mensajes contrarios al conflicto bélico durante un partido de la Copa Argentina, incluyendo la supresión de símbolos nacionales ucranianos.
La recopilación de pruebas contó con la participación inicial del medio africano The Continent, y luego con la colaboración de empresas como openDemocracy, Dossier Center, iStories, All Eyes on Wagner y Forbidden Stories. Los archivos revelan las metodologías utilizadas por "La Compañía" para influir en escenarios políticos de América Latina y África.
La Secretaría de Inteligencia de Estado (Side) ya había detectado estos movimientos y emitió una alerta institucional a finales de 2025. Los organismos de seguridad informaron que todas las actuaciones y pruebas recolectadas fueron entregadas a la Justicia Federal y al Ministerio Público Fiscal en octubre del año pasado, alertando sobre la presencia de un grupo con un historial de interferencias internacionales.
Para asegurar la publicación de los textos en los sitios web argentinos, la red utilizó agencias publicitarias, consultoras privadas y voceros externos. Gran parte del material carecía de una firma responsable o se atribuía a perfiles inexistentes, siendo redactado de manera automatizada con sistemas de inteligencia artificial.
Los investigadores también identificaron medio centenar de cuentas en plataformas como Instagram, X y YouTube que se dedicaban a replicar y viralizar estos contenidos. Los registros contables de la organización indican que las tarifas abonadas a los intermediarios por cada artículo publicado oscilaban entre los 550 y los 1.100 dólares.
La Argentina no fue el único país objetivo de estas tácticas de desestabilización. Los documentos revelan operaciones similares destinadas a respaldar la gestión de Nicolás Maduro en Venezuela tras las elecciones de 2024, así como acciones de apoyo al presidente Luis Arce en Bolivia.
La investigación pone de manifiesto la sofisticación de las operaciones de influencia llevadas a cabo por actores estatales, y la vulnerabilidad de los medios de comunicación y la opinión pública ante este tipo de campañas. La filtración plantea interrogantes sobre la necesidad de fortalecer los mecanismos de verificación de información y la transparencia en la financiación de los medios de comunicación.
El informe final de la investigación destaca la importancia de la colaboración internacional para contrarrestar las amenazas a la integridad de los procesos democráticos y la necesidad de una respuesta coordinada por parte de los gobiernos y las instituciones para proteger la libertad de prensa y la independencia de los medios de comunicación. La operación expuesta representa un desafío para la seguridad nacional y la estabilidad regional, y exige una investigación exhaustiva para identificar a todos los responsables y desmantelar la red de influencia.
