El Congreso salvadoreño aprobó este miércoles la prisión perpetua para menores de edad culpables de homicidio, violación y terrorismo, en una medida que forma parte de la política de mano dura del presidente Nayib Bukele y que ha generado fuertes críticas de organizaciones de derechos humanos. La decisión, respaldada con 57 votos a favor, uno en contra y dos abstenciones, se produce tras una reciente reforma constitucional que permitió introducir este castigo para determinados crímenes. Mientras el gobierno defiende la medida como una herramienta para garantizar la seguridad ciudadana, Human Rights Watch la condena por considerarla contraria a los estándares internacionales.
La aprobación de la cadena perpetua dentro del régimen penal juvenil implica que menores de edad hallados culpables de los delitos mencionados podrán ser condenados a pasar el resto de su vida en prisión. No obstante, la normativa contempla revisiones periódicas de la pena para evaluar el nivel de rehabilitación y el riesgo que representa el condenado, lo que podría abrir la puerta a la concesión de un régimen de libertad controlada. Según el decreto, estas revisiones se realizarán después de 25 años de prisión para menores, en comparación con los 30 a 40 años establecidos para adultos.
Esta medida se suma a una serie de cambios legislativos impulsados por el gobierno de Bukele en materia de seguridad y justicia. La reforma constitucional que habilitó la cadena perpetua para delitos graves como homicidio, feminicidio, violación y pertenencia a organizaciones criminales fue ratificada recientemente, y entrará en vigor ocho días después de su publicación en el Diario Oficial. El presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro, defendió la reforma, afirmando que le hemos dado a las familias salvadoreñas la tranquilidad de que ninguno de estos criminales volverá a ver la luz del sol .
Además de la cadena perpetua para menores, el Congreso aprobó modificaciones al Código Penal y a otras leyes relacionadas con el combate a la criminalidad. Una de las principales modificaciones establece que los juzgados de lo Criminal tendrán competencia exclusiva para procesar tanto a adultos como a menores que cometan delitos sancionados con prisión perpetua. Estos tribunales también serán responsables de la revisión obligatoria de las condenas y de determinar si corresponde otorgar libertad controlada en función del grado de rehabilitación del condenado.
Hasta ahora, la legislación salvadoreña establecía una condena máxima de 60 años, con la posibilidad de reducción de sentencia por buena conducta o trabajo comunitario. La nueva normativa elimina esta posibilidad para los delitos más graves, endureciendo significativamente el sistema penal.
La medida ha recibido un fuerte respaldo por parte del partido oficialista Nuevas Ideas y sus aliados. El legislador Raúl Chamagua defendió la reforma como una respuesta proporcional a la gravedad de los delitos cometidos. Es para que el ciudadano entienda que ante un delito extremo existen también penas extremas , sostuvo. Sin embargo, la oposición, minoritaria, ha expresado su preocupación por el impacto de la reforma. El diputado Francisco Lira, del partido Arena, señaló que miles de salvadoreños sin vínculos con pandillas siguen esperando juicios justos, y advirtió sobre el riesgo de que la nueva normativa agrave esta situación.
Cesia Rivas, del partido Vamos el único que votó en contra de la reforma , advirtió sobre posibles abusos. Si en nuestro país no existiera el riesgo de que personas inocentes sin vínculos con pandillas sean capturadas, podríamos decir que sí, sin dudarlo , señaló.
Organizaciones de derechos humanos también han criticado duramente la reforma. Human Rights Watch consideró que la prisión perpetua para menores contradice los estándares internacionales, y señaló que permitir revisiones después de 25 años no garantiza oportunidades reales de reinserción. La directora para las Américas de la organización, Juanita Goebertus, advirtió que la reforma forma parte de una serie de cambios que, según la ONG, representan retrocesos en el sistema penal juvenil.
La aprobación de estas reformas coincide con el cuarto aniversario del estado de excepción decretado por el gobierno de Bukele en marzo de 2022, como parte de su estrategia contra las pandillas. Este régimen, que permite detenciones sin orden judicial, ha sido prorrogado de forma consecutiva y ha sido objeto de críticas por parte de organizaciones de derechos humanos, que denuncian detenciones arbitrarias y violaciones de los derechos fundamentales. Según cifras oficiales, desde la implementación del estado de excepción se han detenido a 91.650 personas acusadas de pertenecer a pandillas, de las cuales unas 8.000 han sido liberadas tras comprobarse su inocencia. Sin embargo, organizaciones de derechos humanos sostienen que aún hay miles de detenidos sin pruebas suficientes.
La reforma se enmarca en la estrategia del gobierno salvadoreño para reducir la violencia y consolidar el control estatal en territorios históricamente dominados por pandillas. Mientras el Ejecutivo defiende la política de mano dura como clave para la reducción de homicidios, los críticos advierten que el endurecimiento penal, especialmente contra menores, podría tener implicaciones negativas para el sistema judicial y los derechos humanos en el país. La comunidad internacional observa con preocupación la evolución de la situación en El Salvador, y se teme que la política de mano dura pueda conducir a un retroceso en el estado de derecho y a un aumento de las violaciones de los derechos humanos.
