La Justicia de Maranh o ha dictaminado una serie de cambios en el sistema de transporte público de S o Luís tras identificar fallas recurrentes en la prestación del servicio. La decisión responsabiliza tanto a la Alcaldía como a las empresas concesionarias por irregularidades que afectan directamente a la población.
La sentencia, resultado de una acción civil pública interpuesta por el Ministerio Público de Maranh o (MPMA), señala problemas como retrasos frecuentes, superpoblación y circulación de autobuses en condiciones inadecuadas. Las fallas fueron registradas en diversas líneas que atienden barrios de la capital.
Informes técnicos de la Secretaría Municipal de Tránsito y Transportes (SMTT), además de denuncias de usuarios, confirmaron el incumplimiento de los estándares mínimos exigidos para el funcionamiento del servicio. Entre los problemas identificados se encuentran vehículos sin mantenimiento adecuado, equipos de accesibilidad inoperantes y baja regularidad en los viajes.
Según la decisión, el transporte colectivo es un servicio esencial y debe ofrecerse con calidad, seguridad y eficiencia. El entendimiento del Poder Judicial es que hubo omisión tanto de las empresas como del poder público, especialmente en la fiscalización.
El MPMA intentó resolver la situación mediante diálogo con los involucrados antes de recurrir a la Justicia. Sin embargo, las medidas adoptadas no surtieron efecto práctico, lo que llevó a la presentación de la acción.
La Alcaldía y las concesionarias argumentaron en su defensa que los cambios operativos podrían interferir en la gestión del sistema y causar un impacto financiero en los contratos. Esta tesis, sin embargo, fue rechazada.
La Justicia consideró legítima la intervención ante las fallas persistentes y determinó que se adopten medidas inmediatas para corregir los problemas. Entre ellas se encuentran el aumento de la flota en las líneas más demandadas, el mantenimiento de los autobuses en buenas condiciones, el funcionamiento del aire acondicionado y los equipos de accesibilidad, además del cumplimiento de los horarios.
La decisión también exige un refuerzo en la fiscalización del servicio. En caso de que no se cumplan las determinaciones, se aplicará una multa diaria de 5 mil reales. Además, se reconoció un daño moral colectivo, condenando a la Alcaldía y a las empresas a pagar una indemnización de 20 mil reales cada una, totalizando 80 mil reales destinados al Fondo Estatal de Protección y Defensa del Consumidor.
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