La reciente aprobación del Proyecto de Ley 157/2023-2024 ha desatado un debate en Bolivia. La normativa permitirá a los pequeños productores solicitar voluntariamente al Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) el cambio a categoría de mediana propiedad, abriéndoles las puertas a créditos bancarios con tasas de interés más bajas, que oscilan entre el 6% y el 6,5%. El ministro de Desarrollo Productivo, Óscar Mario Justiniano, destacó que esta medida busca igualar las condiciones de financiamiento, históricamente más favorables para los medianos y grandes productores, quienes actualmente pagan tasas de interés entre el 12% y el 28% al depender de casas comerciales.
Justiniano argumentó que la ley reducirá los costos de producción al facilitar la adquisición de insumos agrícolas, beneficiando al sector productivo en todo el país. El Ministerio de Desarrollo Productivo se compromete a acompañar este proceso de transición.
Sin embargo, la aprobación de la ley no ha estado exenta de críticas. Organizaciones como la Fundación Tierra han expresado su preocupación por la falta de socialización y debate previo con las comunidades afectadas, especialmente las indígenas campesinas. Juan Pablo Chumacero, director de la Fundación Tierra, advierte que la norma podría beneficiar a un grupo reducido de productores agroindustriales y propietarios que registraron sus tierras como pequeñas propiedades para evadir controles.
El Centro de Estudios Jurídicos e Investigación Social (CEJIS) cuestiona la constitucionalidad de la ley, argumentando que promueve la mercantilización de la tierra y debilita los mecanismos de control social, pudiendo favorecer la consolidación de latifundios encubiertos y la especulación. Además, señalan que el 74% de las pequeñas propiedades en Bolivia son minifundios de menos de dos hectáreas, lo que las hace poco atractivas para el sistema financiero.
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