La Asamblea Legislativa de El Salvador aprobó este jueves 26 de marzo una nueva prórroga del régimen de excepción, extendiéndolo hasta el 30 de abril de 2026. La decisión, tomada con dispensa de trámite y el respaldo de 57 votos, representa la continuidad de la estrategia de seguridad impulsada por el presidente Nayib Bukele, que ha transformado el panorama de la seguridad en el país centroamericano.
La aprobación contó con el apoyo unánime de las fracciones legislativas de Nuevas Ideas y del Partido de Concertación Nacional (PCN), sumado al voto favorable de un diputado del Partido Demócrata Cristiano (PDC). El partido VAMOS fue el único en oponerse a la prórroga, evidenciando una clara división en el espectro político salvadoreño respecto a la efectividad y legalidad de la medida.
Este nuevo decreto marca la 49 prórroga consecutiva del régimen de excepción, que entró en vigor el 27 de marzo de 2022. Desde su implementación, las autoridades salvadoreñas han reportado la detención de más de 91,650 personas, presuntamente vinculadas a estructuras criminales, incluyendo miembros de pandillas como la Mara Salvatrucha (MS-13) y Barrio 18.
El régimen de excepción ha implicado la suspensión de ciertos derechos constitucionales, como el derecho a la asistencia legal inmediata, el derecho a ser informado sobre la causa de la detención y el plazo máximo de detención administrativa. Estas medidas, aunque criticadas por organizaciones de derechos humanos, han sido defendidas por el gobierno de Bukele como necesarias para combatir la criminalidad y restaurar el orden público.
Los resultados de esta estrategia de seguridad son innegables. El Salvador ha superado los 600 días sin registrar homicidios, un logro sin precedentes en la historia reciente del país. Esta reducción drástica de la violencia ha transformado la percepción de seguridad tanto para los ciudadanos salvadoreños como para los turistas que visitan el país.
Las autoridades gubernamentales atribuyen esta transformación al control territorial efectivo logrado gracias al régimen de excepción y a las operaciones policiales y militares desplegadas en zonas históricamente dominadas por las pandillas. La recuperación del control territorial ha permitido el desarrollo de actividades económicas y sociales en comunidades que antes vivían bajo el yugo del crimen organizado.
La nueva prórroga del régimen de excepción busca consolidar estos logros y garantizar la continuidad de las acciones de seguridad pública. El gobierno de Bukele ha enfatizado su compromiso de mantener un entorno seguro para los salvadoreños y para los turistas, quienes han respondido con un aumento significativo en el número de visitas al país.
El impacto positivo en el turismo es notable. El Salvador se ha convertido en un destino atractivo para visitantes de todo el mundo, impulsado por la mejora en la seguridad, la promoción de sus playas, volcanes y sitios históricos, y la inversión en infraestructura turística. El aumento del flujo turístico ha generado empleos y ha contribuido al crecimiento económico del país.
Sin embargo, la continuidad del régimen de excepción sigue generando controversia. Organizaciones de derechos humanos han denunciado casos de detenciones arbitrarias, abusos policiales y violaciones al debido proceso legal. Estas organizaciones exigen una mayor transparencia en las operaciones de seguridad y el respeto a los derechos fundamentales de los detenidos.
El gobierno de Bukele ha respondido a estas críticas argumentando que las medidas adoptadas son proporcionales a la amenaza que representan las pandillas y que se están tomando todas las precauciones necesarias para garantizar el respeto a los derechos humanos. Además, ha destacado que el beneficio de la seguridad para la mayoría de la población justifica las restricciones temporales a ciertos derechos constitucionales.
La situación en El Salvador ha captado la atención de la comunidad internacional. Diversos gobiernos y organizaciones han expresado su preocupación por el impacto del régimen de excepción en los derechos humanos, mientras que otros han reconocido los logros en materia de seguridad.
En un giro inesperado, la presidenta electa de Costa Rica, Laura Fernández Delgado, confirmó en una entrevista con DW Español que su gobierno implementará una estrategia similar de combate a la criminalidad, aunque adaptada a la realidad costarricense. Esta declaración sugiere que el modelo de seguridad de Bukele podría tener un impacto regional y ser replicado en otros países de Centroamérica.
La aprobación de la nueva prórroga del régimen de excepción en El Salvador marca un hito en la política de seguridad del país. La continuidad de esta estrategia dependerá de la evolución de la situación de seguridad y de la capacidad del gobierno de Bukele para equilibrar la necesidad de combatir la criminalidad con el respeto a los derechos humanos. El futuro de El Salvador, y posiblemente de otros países de la región, podría estar determinado por el éxito o el fracaso de este ambicioso y controvertido plan de seguridad.
