La Fiscalía General de la Nación imputará cargos a Juliana Guerrero por presunta falsificación de su diploma de graduación, en una audiencia que se espera se lleve a cabo esta tarde ante el Juzgado 25 con función de control de garantías. La imputación se centra en los delitos de fraude procesal y falsedad en documento público, relacionados con los títulos profesionales que Guerrero presentó para aspirar al cargo de viceministra de Juventudes en el Ministerio de la Igualdad.
Esta será la tercera oportunidad para realizar la audiencia, tras dos aplazamientos anteriores debido a la inasistencia de Guerrero. Sin embargo, según ha podido confirmar EL COLOMBIANO, la investigada asistirá a la diligencia judicial en compañía de su abogado, lo que abre la posibilidad de que finalmente se avance en el proceso.
La decisión de la Fiscalía de desistir de solicitar una medida de aseguramiento contra Guerrero se basa en la evaluación de que, a la fecha, no se cumplen los requisitos procesales necesarios para justificar una medida restrictiva de la libertad. Como le había advertido antes de la instalación, mediante el oficio dirigido al Juzgado 25 con función de control de garantías, desistí de la solicitud de medida de aseguramiento al considerar que no se cumplían los presupuestos procesales a la fecha para solicitarla , explicó la fiscal delegada.
La investigación de la Fiscalía se centra en determinar si Guerrero obtuvo de manera irregular los títulos profesionales que presentó como soporte para su candidatura al cargo de viceministra. Las dudas sobre la autenticidad de los diplomas surgieron a raíz de señalamientos sobre posibles irregularidades en los contratos que Guerrero suscribió con la Universidad San José.
En caso de que Guerrero no se presente a la audiencia, a pesar de la confirmación de su asistencia, la Fiscalía podría solicitar la aplicación de la figura jurídica de la contumacia. Esta figura permite continuar con el proceso judicial incluso en ausencia del acusado, siempre y cuando se haya citado formalmente y de manera reiterada, y no haya justificado su inasistencia.
Ya se le ha citado en dos ocasiones y ha mostrado una rebeldía para acudir al proceso. La contumacia permite hacer audiencias sin ella presente , explicó el abogado Sebastián Rondón. De acuerdo con la normativa jurídica, para que se declare la contumacia, el juez debe verificar previamente la desidia del investigado o investigada frente a comparecer al proceso penal.
La contumacia implica que el caso penal puede seguir su curso sin la presencia del imputado, siempre y cuando este haya sido citado en los términos ordenados y no haya comparecido sin una causa justificada. En este escenario, el defensor designado por Guerrero para su representación podrá continuar con la defensa del caso.
La situación de Guerrero ha generado un debate público sobre la importancia de la transparencia y la verificación de las credenciales de los funcionarios públicos. La Contraloría General de la República ya había alertado sobre irregularidades en los contratos que Guerrero celebró con la Universidad San José de Santander, lo que añadió más elementos de escrutinio a su caso.
La imputación formal de cargos representa un paso importante en la investigación, y permitirá a la Fiscalía presentar sus pruebas y argumentos ante el juez para demostrar la presunta responsabilidad de Guerrero en los delitos de fraude procesal y falsedad en documento público. La audiencia de esta tarde será clave para determinar el futuro del proceso judicial y las posibles consecuencias para la exaspirante a viceministra.
La Fiscalía espera que, con la presentación de las pruebas y la participación de Guerrero en la audiencia, se pueda esclarecer la verdad de los hechos y determinar si efectivamente existió una falsificación de documentos y un fraude en el proceso de selección para el cargo de viceministra de Juventudes. El caso ha captado la atención de la opinión pública y se espera que la justicia actúe con celeridad y transparencia para resolverlo.
La Universidad San José también ha estado bajo la lupa de las autoridades, debido a las irregularidades detectadas en los contratos con Guerrero. Se investiga si existió algún tipo de acuerdo o beneficio indebido que haya facilitado la obtención de los títulos profesionales de manera irregular. La universidad ha manifestado su disposición a colaborar con la investigación y a proporcionar toda la información necesaria para esclarecer los hechos.
El desenlace de este caso podría tener implicaciones importantes para la confianza en las instituciones públicas y en los procesos de selección de funcionarios. La transparencia y la verificación de las credenciales son fundamentales para garantizar que los cargos públicos sean ocupados por personas idóneas y con una trayectoria intachable. La sociedad espera que la justicia actúe con firmeza y rigor para sancionar a cualquier persona que haya incurrido en actos de corrupción o falsedad documental.
