Un peluquero venezolano demandó al gobierno de Estados Unidos por al menos 1.3 millones de dólares, alegando haber sido deportado erróneamente a una prisión de máxima seguridad en El Salvador, violando una orden judicial estadounidense. Neiyerver Adrián Leon Rengel, residente de Irving, Texas, presentó la demanda el martes en un tribunal federal de Washington, acusando al gobierno de detención ilegal, negligencia y otros cargos relacionados con su caso.
Según la demanda, Rengel fue detenido en marzo de 2025 por agentes de inmigración mientras se dirigía al trabajo. La única justificación proporcionada para su detención, según el documento, fue la presencia de tatuajes que supuestamente indicaban su afiliación a la banda venezolana Tren de Aragua. Rengel niega rotundamente cualquier vínculo con dicha organización criminal.
Norm Eisen, abogado de Rengel, calificó la situación como un “plan de acción ilegal y carente de moral” por parte de funcionarios gubernamentales. Eisen afirmó que la administración estadounidense desafió deliberadamente una orden judicial federal, privó a Rengel de sus derechos y lo entregó a las autoridades salvadoreñas con el propósito de “demostrar una postura política”. “Adrián Rengel pasó cuatro meses en condiciones abominables e inhumanas porque altos funcionarios decidieron hacer caso omiso del Estado de derecho”, declaró Eisen.
La demanda destaca que este es el primer caso conocido en el que un individuo deportado a la prisión de El Salvador busca una compensación por daños y perjuicios contra Estados Unidos.
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) emitió un comunicado defendiendo sus acciones. La agencia reiteró su postura de que Rengel ingresó ilegalmente a Estados Unidos en 2023 desde Venezuela y que posee vínculos con Tren de Aragua, considerándolo una “amenaza para la seguridad pública”. El DHS no ha ofrecido evidencia concreta que respalde estas afirmaciones.
La deportación de Rengel se produjo en el contexto de una política de inmigración más estricta implementada por la administración Trump, que comenzó en enero de 2025. Rengel fue uno de los 252 ciudadanos venezolanos deportados a El Centro de Confinamiento de Terroristas de El Salvador el año pasado, una medida que generó controversia y críticas por las condiciones de vida y los abusos denunciados en la prisión.
Durante los cuatro meses que pasó en el centro penitenciario salvadoreño, Rengel alega haber sido víctima de abusos físicos y psicológicos, humillaciones y tratos degradantes por parte de las autoridades. La demanda detalla las condiciones inhumanas de la prisión, incluyendo hacinamiento, falta de atención médica adecuada y violencia generalizada.
Rengel fue liberado en julio de 2025 y repatriado a Venezuela como parte de un acuerdo de intercambio de prisioneros entre Estados Unidos y Venezuela. Antes de presentar la demanda, Rengel presentó una queja administrativa formal contra Estados Unidos, un paso necesario para iniciar acciones legales.
La demanda busca una indemnización de al menos 1.3 millones de dólares para compensar a Rengel por los daños sufridos, incluyendo el sufrimiento emocional, el trauma psicológico, la pérdida de ingresos y los gastos legales. También exige una investigación exhaustiva sobre las prácticas de deportación del gobierno y la implementación de medidas para prevenir futuras deportaciones erróneas.
El caso de Rengel plantea serias preguntas sobre la legalidad y la ética de las políticas de deportación de Estados Unidos, especialmente en relación con la identificación errónea de individuos como miembros de pandillas y su envío a países con sistemas penitenciarios notoriamente abusivos. La demanda podría tener implicaciones significativas para futuras políticas de inmigración y la protección de los derechos de los inmigrantes.
La administración Trump ha defendido su enfoque estricto en la inmigración como una forma de proteger la seguridad nacional y combatir el crimen. Sin embargo, los críticos argumentan que estas políticas han resultado en violaciones de los derechos humanos y la separación de familias. El caso de Rengel se suma a una creciente lista de denuncias de deportaciones injustas y abusos contra inmigrantes bajo la administración actual.
El tribunal federal de Washington aún no ha fijado una fecha para la audiencia inicial del caso. Se espera que el gobierno de Estados Unidos presente una defensa formal en respuesta a la demanda de Rengel. El resultado del caso podría sentar un precedente importante para futuros litigios relacionados con deportaciones erróneas y abusos contra inmigrantes.
