La jornada de protestas del sector transporte se intensifica este martes 24 de marzo de 2026, con ocho puntos de cierre total en todo el país, según el último informe de Provial. La expansión del conflicto se centra ahora en el oriente guatemalteco, con un nuevo bloqueo en la ruta CA-10, sumándose a la parálisis que ya afecta al occidente, el norte y el centro histórico de la capital. Los manifestantes mantienen su postura firme ante el alza de combustibles y las nuevas regulaciones de velocidad.
El octavo punto de bloqueo se registró a las 9:45 horas en el kilómetro 209 de la carretera CA-10, en la jurisdicción de Padre Miguel, Concepción Las Minas, Chiquimula. Con este cierre, el departamento de Chiquimula se convierte en uno de los más afectados, con cierres adicionales en los kilómetros 173 (Cruce San Esteban) y 196 (Cruce a Olopa). Esta situación interrumpe severamente el flujo comercial hacia las fronteras con El Salvador y Honduras.
Los demás bloqueos activos se ubican en la RN-01 (kilómetros 225 y 214 en Quetzaltenango), la CA-1 Occidente (kilómetro 188 en Cuatro Caminos, Totonicapán) y la RN-9N (kilómetro 280 en Chiantla, Huehuetenango). En la Ciudad de Guatemala, la 8va avenida de la Zona 1 permanece totalmente cerrada, complicando la movilidad urbana en horario laboral.
Estos ocho puntos de cierre afectan las principales arterias de exportación e importación del país. Provial ha desplegado unidades para señalizar los cierres, confirmando la restricción en ambos sentidos de la vía. Las demandas de los transportistas incluyen el control del precio del diésel y la eliminación de la obligatoriedad del etanol, sin haber recibido aún una respuesta oficial.
El monitoreo sugiere que la red vial podría sumar más puntos de interrupción si no se establece una mesa de diálogo en las próximas horas. El sector oriente y occidente se encuentran virtualmente desconectados, afectando al transporte pesado, los buses extraurbanos y vehículos particulares. El cierre en Concepción Las Minas paraliza el transporte de carga hacia El Salvador, amenazando con pérdidas millonarias. Empresas de buses han suspendido salidas o realizan transbordos peligrosos, obligando a pasajeros a caminar largas distancias.
Provial y la Policía Nacional Civil mantienen presencia preventiva para evitar altercados, sin reportarse órdenes de desalojo. Los transportistas han indicado que su protesta es pacífica pero indefinida hasta que los ministerios de Energía y Minas y de Comunicaciones atiendan sus solicitudes técnicas sobre el limitador de velocidad.
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